El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de aprobar la ampliación a ocho años del pliego del concurso de limpieza mecanizada y limpieza manual en siete sectores.
La concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, justificó que se entregue a la empresa privada cuatro barrios más (Arenales, Alcaravaneras, Schamann y Escaleritas) que hasta ahora se están barriendo por parte del personal municipal.
«Es imposible atenderlos con el personal que tenemos», expuso la edila, «como no podemos atenderlos, ampliamos los sectores que atenderá la empresa que gane, pero sin privatizar a ningún trabajador municipal».
Medina rechazó el término «pelotazo», usado por el PP, y defendió que no puede cubrir todos los sectores urbanos con personal municipal.
No hizo mención, en este punto de su discurso, al hecho de que el Ayuntamiento no quisiera incorporar a los 187 barrenderos cuyo despido fue considerado improcedente por parte de la justicia.
Aumento del presupuesto
El expediente del macrocontrato de 138 millones de euros salió adelante con los votos a favor del grupo de gobierno, el rechazo de la oposición y la abstención de la concejala no adscrita Beatriz Correas.
Medina justificó el aumento del importe en el incremento de zonas privatizadas, pero también en el incremento de la maquinaria exigida y su amortización.
El informe económico también detalla que el número de medios mecánicos que se exigían antes era menor «a lo que en realidad hace falta para prestar todos los servicios, labores y tareas que son necesarios actualmente». En este caso, se piden 43 vehículos y 14 más de reserva.
Sin embrago la oposición considera que el aumento de anualidades y del importe del contrato no está justificado.
Así, el viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, insistió en hablar de «pelotazo cuando saca 138 millones de euros en el tiempo de descuento de la Corporación». «Se pasa de pagar 7 millones de euros al año a 17 millones », expuso Sabroso, quien criticó las prisas por sacar ahora el concurso cuando el anterior está vencido desde 2017.
El mismo argumento empleó la portavoz de Ciudadanos, Lidia Cáceres, quien denunció que no se puede justificar el macrocontrato de 138 millones de euros en la amortización de la maquinaria cuando los costes principales son de personal.
Esto también lo apuntó el concejal de Coalición Canaria, David Suárez, que explicó que de los 16 millones de euros que se pagarán al año, solo uno será por maquinaria, mientra que once lo serán por personal.
La concejala no adscrita Carmen Guerra se posicionó a favor de un modelo de gestión directa y afeó al gobierno municipal que no hubiera activado el plan de choque de limpieza que fue aprobado en octubre de 2021.
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