Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 16 de julio 2020, 19:08
De nada le servirá a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, haber rendido cuentas en el II Congreso sobre la Atención a la Dependencia porque la inmensa mayoría de los partidos que ejercen la oposición en el Parlamento no quieren verla ni un minuto más en el cargo.
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Hoy, los grupos del Partido Socialista Canario (PSC), Partido Popular (PP), Podemos y Nueva Canarias (NC) votarán a favor de la reprobación que ha promovido la primera de estas formaciones, algo inédito a lo largo de esta legislatura dado que las denuncias y críticas por la gestión en materia de Dependencia han sido constantes durante todo este tiempo.
De esta forma, el grupo que dirige Dolores Corujo argumentará la «desaceleración de la intensidad del Sistema de Atención a la Dependencia» para proponer la primera «reprobación» que se produce en este mandato a la «pésima» gestión de un miembro del Gobierno.
La iniciativa socialista es producto de una interpelación en la que la diputada Teresa Cruz emplazó a la consejera a «diseñar y aplicar urgentemente un plan de mejora del sistema para la autonomía y la atención a la dependencia en las islas, con el fin de revertir la actual gestión con una serie medidas concreta».
Cruz denunció que Cristina Valido no ha emitido ni una resolución, ni orden, ni instrucción sobre dependencia en el tiempo que lleva al frente de la consejería.
La representante del PSC consideró «indigno e intolerable» la situación, y denunció el aumento de la lista de espera.
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A todo ello se añaden las críticas del PP vertidas también en una interpelación que no ha ido a más. Su diputada, Pepa Luzardo Luzardo ha afirmado que «el Gobierno tiene un problema de gestión en el área social, y esto no se arregla relevando a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, que ya van por cuatro responsables en menos de cuatro años, sino gestionando de manera correcta y eficaz».
Luzardo ha denunciado que en Canarias, hasta agosto hay 20.000 beneficiarios reconocidos en el sistema de dependencia y con derecho a la prestación, 30.291. En 2015, se registraron 30.011, es decir, «estamos exactamente igual, con la diferencia de 280 personas más». Por ello, calificó de «desastre» la gestión.
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