«Entiende esta fiscal», dice en su escrito, «que del análisis de los expedientes administrativos realizado anteriormente se aprecian determinados indicios en las actuaciones llevadas a cabo por el Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna que pudieran revestir los caracteres del delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del CP [Código Penal], de malversación de caudales públicos previsto y penado en el art. 432 del CP, así como de las declaraciones que constan en las actuaciones aunque no llevadas a cabo en sede judicial del delito de tráfico de influencias, sin perjuicio de que en el momento actual dichos hechos deben ser objeto de investigación al objeto de determinar la confirmación de los mismos y a ello hubiere lugar». Así las cosas, la última fiscal en llegar al caso aprecia lagunas en la investigación y es por ello que reclama nuevas imputaciones, decenas de testigos y abundante documentación. Desde la defensa de Clavijo y, sobre todo, desde Coalición Canaria se ha hecho hincapié en que el teniente fiscal del TSJC, Demetrio Pintado, habría emitido un informe concluyendo que no había delito pero, de existir, no forma parte del procedimiento.
Regístrate de forma gratuita
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.