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Todo comenzó el 19 de mayo, cuando llegó a Mogán una patera con 35 migrantes y para su recepción, se desplazaron al puerto de Arguineguín efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y la Cruz Roja.
Los inmigrantes, una vez atendidos, «fueron trasladados a las dependencias policiales de la Jefatura Superior de Policía de Canarias e ingresaron en calabozos» donde han permanecido el tiempo mínimo imprescindible, antes de ponerlos en libertad, informa la UFP, y añade que, una vez puestos en libertad, una ONG se hizo cargo de los mismos.
Pero el día 25, esta organización sindical se enteró «de que dos de los integrantes de esa patera», habían dado positivo por Covid-19 y los mismos «antes de conocer que eran positivos, estuvieron en dependencias policiales interactuando con personal policial y con los demás detenidos en el interior de las celdas», por lo que pusieron en cuarentena a unos 20 funcionarios policiales «que permanecerán aislados en sus domicilios» hasta que tengan los resultados de las pruebas que se están haciendo.
La UFP desconoce el motivo porque estos inmigrantes no han pasado la «cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de otros países a su llegada a España» y la «activación en su caso de los protocolos sanitarios y de coordinación con otros profesionales para estas situaciones». Y todo ello conllevando a «enfrentarse los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y miembros de la Cruz Roja a diferentes riesgos contra la salud». «Los calabozos de una comisaria no deben ser el lugar donde los migrantes inicien su periodo de cuarentena una vez llegados a España, por una cuestión de índole sanitario», expone la UFP.
En Maspalomas.
Esta misma situación se repitió en la Comisaria de Maspalomas, donde tampoco se cumplió la cuarentena con una patera que llegó el 17 de mayo y en la que «uno de los migrantes que estuvo en los calabozos ha dado positivo por Covid-19», denuncia la UFP. Esto ha supuesto «la puesta en cuarentena de medio centenar de policías a la espera del resultado del test».
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La Unión Federal de Policía denuncia el incumplimiento de los protocolos y «la poca consideración que se está teniendo con este asunto, lo que conlleva a una gran alarma social y puede generar al mismo tiempo, una enfermedad contagiosa tanto en la población civil como en los agentes policiales y sanitarios» y por ello, solicitan que se realicen test a todos los migrantes a su llegada a puerto, habilitando un lugar diferente a los calabozos de las dependencias policiales para la realización de la cuarentena obligatoria.
Que Marlaska ponga medidas.
Por su parte, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) criticó la «falta de coordinación en las actuaciones» por la llegada de pateras con inmigrantes a Canarias y protestó por «las graves carencias» respecto a las medidas de prevención de salud.
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Reclaman al ministro Grande-Marlaska que implemente «las necesarias medidas de carácter preventivo que puedan afectar directamente a los policías nacionales y al resto de personal implicado».
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