Francisco Suárez Álamo y / Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 16 de julio 2020, 04:42
En una actuación que evidencia las sospechas de lo que podía pasar -y finalmente sucedió-, María Lorenzo subraya que la solicitud de Negrín «es manifiestamente incompleta», de manera que «el informe que así se emitiese podría dar lugar a malinterpretaciones y tergiversaciones su contenido».
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Seguidamente, Lorenzo instó a que el dictamen aclarase las cuestiones competenciales, tanto las de índole contractual como presupuestaria y sustantiva sobre el modelo de gestión. Asimismo, recordó que el jurista Martín Orozco ya había alertado de que la determinación del presupuesto de licitación dependería «del acuerdo del Consejo Rector de aprobación de los presupuestos para 2018», tal y como recoge el artículo 15.4.n de la Ley 13/2014.
Además, Orozco avisó que si el contrato superaba los seis años, como así ocurre, pues se ha licitado por ocho, «debería justificarse su necesidad y compatibilidad con el mandato marco», cosa que Negrín no hizo.
También recabó valoración de los juristas del Gobierno sobre la intervención cualificada de la Junta General de Televisión Pública de Canarias en el procedimiento-.
En su relato de advertencias sobre el contenido del dictamen para evitar las mencionadas «malinterpretaciones y tergiversaciones», María Lorenzo llega a recordar que el propio Martín Orozco alertó en julio a Negrín sobre la necesidad de recabar un «informe de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias sobre el pliego», que debería «ser expresamente solicitado por el presidente de RTVC». Cosa que no hizo, pues lanzó el concurso sin pedir dicho dictamen.
María Lorenzo hace hincapié en que «el Consejo Rector no ha adoptado ningún acuerdo respecto a esta licitación», pues ni se ha elevado ni aprobado acuerdo alguno sobre la cesión a terceros de la producción y edición de los programas ni tampoco se ha elevado ni aprobado el anteproyecto de presupuestos de 2018.
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Finaliza la consejera recordando, y adjunto la documentación que lo acredita, que en la sesión del 21 de julio de este año del Consejo Rector Alberto Padrón solicitó que no se tomara en consideración el punto relativo al inicio del concurso y que «quedase sober la mesa» pues no se le habían solicitado los informes necesarios para esa toma en consideración. Padrón, agrega Lorenzo en su escrito, solicitó que debía ser el Consejo Rector quien asumiera la competencia respecto a dicha licitación.
Pese a que el escrito de María Lorenzo se presentó solo un día después del enviado por Santiago Negrín, hasta ayer no había constancia de respuesta alguna. Ni en el elaborado por la letrada Antonia Barios Marichal a preguntas de Fernando Clavijo se hace mención a lo planteado por María Lorenzo.
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La carta que confirma la ruptura con Torres
La carta de la consejera de Radiotelevisión Canaria María Lorenzo exigiendo un informe jurídico completo, y no uno que diese lugar a «tergiversaciones», tiene especial valor por quien la envía y el momento en que se presenta. En la práctica supone la constatación de que la implicación de Ángel Víctor Torres en la defensa de Santiago Negrín como parte de una alianza entre el PSOE y Coalición Canaria ha quebrado hasta tal punto las filas socialistas que la consejera elegida a propuesta de este partido se desmarca de la tesis que Torres está imponiendo.
En ese sentido, María Lorenzo no es la única. Esta semana las tensiones en las filas del PSC han sido mayúsculas, tanto por la actuación en lo relativo a RTVC como al conocer que la dirección socialista desistía de presentar enmienda a la totalidad de los presupuestos. En ese contexto, Torres tomó dos decisiones que agigantaron el malestar: accedió a la petición de José Miguel Ruano de que Iñaki Lavandera no defendiera las tesis socialistas en el debate presupuestario e impuso orden de silencio en el partido en relación con la gestión de Negrín.
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Desde su llegada al Consejo Rector, María Lorenzo ha destacado por ser la consejera fiel a la labor de control que le corresponde. Se ganó por eso el rechazo de Santiago Negrín y de su equipo, ansiosos por un margen de autonomía superior incluso al que tenía Guillermo García cuando estuvo al frente de RTVC y no contaba con una ley como la 13/2014, que confiere al Consejo Rector la condición de «órgano de máxima dirección».
En ese trabajo, María Lorenzo contó con el apoyo del Partido Socialista, incluso cuando este gobernó con Coalición Canaria (entre julio de 2015 y diciembre de 2016). En ese periodo, Santiago Negrín, con el plácet de Coalición Canaria y en especial de la Presidencia del Gobierno, a través del viceconsejero de Comunicación, José Luis Méndez, eligió como aliado coyuntural a Alberto Padrón, consejero designado a propuesta del PP.
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Cabe recordar que el Consejo Rector está formado por cinco miembros, pero hay dos vacantes desde diciembre de 2015, cuando María José Bravo de Laguna y Marian Álvarez dimitieron. La primera fue designada por el PP y la segunda por Coalición Canaria y ambas se fueron con severas críticas a la inoperatividad del Consejo Rector y en especial a la gestión de Santiago Negrín.
En junio de este año, Negrín empieza a quedarse sin el respaldo de Alberto Padrón, tanto por su gestión como por el hecho de que el Partido Popular hace valer su autonomía respecto a Coalición Canaria. Ya en julio, Negrín está aislado y la prueba de ello es que en agosto envió al Parlamento la memoria de gestión y las cuentas de 2016 sin la aprobación del Consejo Rector y la Mesa se las devolvió recordándole que la ley obliga a contar con el aval del órgano colegiado de gobierno de RTVC.
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A fecha de hoy, Negrín no ha llevado al Consejo Rector los presupuestos del ente para 2018 y tampoco una propuesta para asegurar que la señal de la tele y la radio siga funcionando con fecha de 1 de enero de 2018, pues la prórroga aprobada in extremis este año con el actual adjudicatario concluye el próximo 31 de diciembre.
Así las cosas, la precariedad del Consejo se agrava, mientras la defensa que la nueva dirección del PSC hace de Negrín hace que María Lorenzo se aparte de esa estrategia.
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