F. S. A. / Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 16 de julio 2020, 04:41
Esa autolimitación de los Servicios Jurídicos en relación con el concurso de informativos está recogida en el escrito firmado el pasado 2 de noviembre y que desde ese departamento se remitió a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Ese órgano jurisdiccional dirime el recurso presentado por Videoreport Canarias SA (empresa participada por la editora de CANARIAS7) contra la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias (dependiente de la Consejería de Hacienda) de no admitir el recurso presentado por Videoreport Canarias contra la licitación argumentando que no era competente para ello.
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En el escrito de seis folios, los Servicios Jurídicos advierten que su comparecencia en el contencioso judicial es solo «en representación y defensa del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias, careciendo de competencia para actuar en nombre de Televisión Pública de Canarias SA, la que debe ser emplazada en el presente procedimiento».
Seguidamente, los juristas explican por qué no pueden ir más allá: el artículo 12 del Decreto 19/1992, de 2 de febrero, que aprobó el reglamento de organización y funcionamiento de los Servicios Jurídicos, fija que los letrados solo pueden actuar en asuntos que afecten a «entidades públicas empresariales y sociedades mercantiles públicas» si existe «previa suscripción de un convenio que así lo determine». Y añaden: «No existe ningún convenio suscrito con el citado ente».
De hecho, los juristas se aferran a la tesis que desde hace meses defiende el propio Gobierno canario, y que han hecho suya, en sede parlamentaria y ante la prensa, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, y el presidente Fernando Clavijo. Se trata del argumento de que el Gobierno no tiene competencia para fiscalizar ni para asesorar jurídicamente a Santiago Negrín, ya sea como presidente del Consejo Rector de RTVC o de las sociedades mercantiles englobadas en esta (Televisión Canaria y la radio autonómica).
Acuerdo CC-PSC.
La publicación ayer en la edición digital de este periódico del contenido de esas alegaciones de los Servicios Jurídicos generó un gran revuelo en las instancias políticas. Máxime cuando en las filas de la oposición ya se había advertido sobre la posibilidad de que el anuncio de la Ejecutiva Regional de que pedía un informe de legalidad a los Servicios Jurídicos fuese parte de una estrategia conjunta con Coalición Canaria para justificar el cambio de posición de los socialistas, que en julio pidieron en sede parlamentaria el cese de Negrín bajo la advertencia de que, en caso contrario, unirían su voto al del resto de partidos para promover su destitución. Aquellas palabras de Dolores Corujo en la Comisión de Control de RTVC han dado paso ahora a otro discurso muy diferente: el PSOE ahora evita ratificar aquella petición de cese y lo fía todo a un informe jurídico que, según fuentes consultadas, fue pedido por el PSOE tras acordarlo así con CC. El pasado lunes, ante las dudas sobre si los Servicios Jurídicos estaban legitimados para contestar a la petición de un partido, desde CC se optó por cambiar el peticionario: lo hizo Negrín.
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Ahora, tras conocerse las alegaciones de los Servicios Jurídico que obran ya en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la estrategia seguida por Negrín, Coalición Canaria, el Gobierno y el PSOE para que el primero cuente con un informe que avale su concurso coloca a los juristas de la Comunidad Autónoma en la tesitura de contradecirse. Y es que se les pide un informe sobre la capacidad de Negrín para ser el licitador como administrador de Televisión Canaria cuando ese es precisamente el centro del contencioso planteado en sede judicial. Más aún: los Servicios Jurídicos son coherentes en el escrito enviado al TSJC con la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos, que no admitió el recurso de Videoreport Canarias SA al entender que tampoco puede pronunciarse sobre una licitación de un órgano que no está sujeto a tutela del Gobierno canario.
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