Jueves, 16 de julio 2020, 19:06
Nacionalistas y populares entienden que con esta propuesta se facilita que los canarios cuenten con más renta disponible para favorecer el consumo interno. Además, se garantiza que no haya merma a las corporaciones locales. Una disposición en la ley de presupuestos contemplará además la posibilidad de que el impuesto canario llegue el 5% general si la Comunidad autónoma puede invertir el superávit.
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La atención social y sociosanitaria, ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y noche y atención residencial y a la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia estará exenta de IGIC, igual que los productos básicos manufacturados de la cesta de la compra. También la entrega de energía eléctrica para contribuir «a la competitividad de las empresas e industrias».
Las medidas que incorporará el presupuesto autonómico para el ejercicio de 2019 después del acuerdo firmado ayer entre el Partido Popular y Coalición Canaria incluyen una bajada del 0,5% de los dos primeros tramos de la escala autonómica del Impuesto sobre la Renta. Esta iniciativa contribuye a una redistribución de la riqueza a las rentas más bajas y a la progresividad del impuesto.
Las deducciones en el IRPF a las familias pasan de 200 a 450 euros cuando se trate de familias de tipo general (tres o cuatro hijos); de 400 a 600 euros cuando sean de tipo especial (cinco hijos o más), además de incrementos en las deducciones cuando se trate de familias numerosas con hijos con discapacidad -pasa de 500 a 1.000 euros para las de tipo general y de 800 a 1.000 cuando sean de tipo especial-.
Respecto al Impuesto sobre Sucesiones y donaciones, se procederá a partir de enero del próximo ejercicio a ampliar la bonificación para los parientes del grupo III (colaterales de segundo y tercer grado, entre tíos y sobrinos). De esta manera, se pretende que «muchas personas que cuidan de sus familiares puedan acogerse a esta bonificación cuando sea mortis causa», según el acuerdo.
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Entre las medidas de política económica suscritas entre los grupos parlamentarios Popular y Nacionalista se encuentra la ampliación de la tarifa plana de 50 euros para los autónomos hasta los dos años. El objetivo es «apoyar a los autónomos y la emprendeduría, impidiendo que los altos costes de la Seguridad Social lastren las expectativas de creación de empleo y autoempleo».
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