Canarias7 / Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 15 de julio 2020, 11:49
El último documento publicado por el citado organismo, con datos consolidados de Contabilidad Nacional a 30 de junio, revela que el déficit público de la Comunidad Autónoma de Canarias está en un 0,37 por ciento en relación al PIB y que la evolución de la regla de gasto se sitúa en el 7,3 por ciento. Los objetivos iniciales fijados para la Comunidad Autónoma eran el 0,1 por ciento y el 2,7 por ciento, respectivamente.
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Es decir, con datos reales y consolidados a 30 junio, Canarias precisa de una financiación de 179 millones para equilibrar su presupuesto e incurre en una desviación de la regla de gasto de 218 millones de euros, “lo que constituye una muy mala noticia”, en palabras del vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.
En relación al informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), una proyección sobre el cierre del ejercicio 2019, cabe reseñar que incorpora como ingreso de la Comunidad Autónoma los anticipos a cuenta de la financiación autonómica, que no se han materializado a día de hoy, y que no computa como gasto la reducción de jornada del personal docente y sanitario, puesto que ésta tendrá efecto en el segundo semestre del año.
Todo lo anterior explica por qué este último informe no supone ninguna novedad con el anterior publicado por la misma Autoridad, que textualmente señala en ambos casos que “se considera muy probable que la Comunidad Autónoma de Canarias cumpla el objetivo de estabilidad de 2019 del -0,1% del PIB, con un riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto”.
En cualquier caso y a la vista de los datos consolidados, publicados periódicamente por la Intervención General de la Administración del Estado, y de los requerimientos efectuados por el Estado, el Gobierno de Canarias ha adoptado medidas correctoras para equilibrar el presupuesto de la Comunidad Autónoma y hacer frente tanto a la merma de ingresos como al incremento de los gastos.
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Las medidas, que se han anticipado para evitar el incumplimiento de las reglas fiscales, se articulan en una doble vertiente: por un lado, la reclamación al Estado de las cantidades pendientes de transferir, y por otro, la reasignación de 170 millones de euros en créditos presupuestarios no esenciales que irán destinados ahora al pago de las nóminas del personal de Educación y Sanidad.
El Gobierno de Canarias continuará trabajando al objeto de cuadrar las cuentas públicas, garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales y cumplir el precepto constitucional de Estabilidad Presupuestaria
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