Carmelo Padrón Díaz, catedrático de Derecho Urbanístico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y militante del PSOE canario, formación con la que ejerció diversas responsabilidades políticas en el Gobierno canario, en el Cabildo de Gran Canaria y en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, falleció este jueves a los 69 años en la capital grancanaria, después de meses luchando contra una dolencia cerebral. El duelo se ha instalado en el tanatorio de San Miguel y la incineración será este viernes a las 14.00 horas.
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Su trayectoria política y profesional estuvo siempre vinculada al desarrollo de las normas y de la ordenación de los usos del territorio en el Archipiélago, primero por su condición de arquitecto y luego como jurista especializado en Derecho urbanístico. A su labor política, marcada por su disidencia en numerosas cuestiones orgánicas del PSOE, se une su labor académica e intelectual, de la que dan cuentas las numerosas publicaciones que ha elaborado y en las que ha participado.
Su último cargo público fue como coordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, un puesto en el que apenas estuvo apenas seis meses, entre junio y diciembre de 2007, con el equipo de Jerónimo Saavedra entonces recién llegado a la Alcaldía. Dimitió el 28 de diciembre de ese mismo año, cuando estaba en fase de elaboración el Plan General de la ciudad vigente en la actualidad. En ese puesto, la última entrevista concedida a CANARIAS7 se publicó el 10 de diciembre de 2007, apenas 18 días antes de su renuncia.
Antes había trabajado ya con Saavedra en el Gobierno de Canarias, cuando ejerció primero como director general de Política Territorial y luego, entre 1991 y 1993, como viceconsejero de Medio Ambiente. Participó en la puesta en marcha del primer sistema de control regional del territorio, a través de la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (Cumac), que fue el embrión de la posterior Cotmac, ahora denostada por la reciente Ley del Suelo, de la que fue uno de sus principales detractores.
Ejerció como diputado entre 1995 y 1998, cuando presentó su dimisión ante la polémica suscitada por el llamado caso Guillén, un proceso que duró más de diez años y del que finalmente fue absuelto en 2004. Entonces retomó su actividad como militante del PSOE, participando activamente en muchas de las polémicas suscitadas alrededor del suelo y el urbanismo en el Archìpiélago.
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