Nadie ha pensado» en reducir el tamaño de la administración autonómica porque «no sobra nadie». Así lo aseguró el consejero de Administraciones Públicas y Sanidad, Julio Pérez, quien reconoce que puede haber «cierta inquietud» en algunos colectivos de la plantilla pública por razón de la temporalidad de los contratos o por tener un régimen laboral en las empresas públicas que les lleve a temer que «exista la tentación de reducir los efectivos», pero insiste en que «a día de hoy, los empleados públicos son los que tienen que ser». Esa preocupación de los trabajadores también tienen que ver con las declaraciones del líder de ASG y presidente de la Fecai, Casimiro Curbelo, apuntando a la posibilidad de ERTE en la administración por la reducción de la liquidez.
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Aunque «no puede negarse que la Tesorería de la comunidad autónoma está muy acuciada» por la prioridad de atender las necesidades provocadas por la pandemia, hasta el día de hoy, dice el consejero, el capítulo I (Personal) «está cubierto y las nóminas inmediatas -las de este mes y del mes próximo- no van a sufrir ninguna incidencia».
La realidad, detalla el Pérez, es que la administración ha ampliado personal porque ha hecho contrataciones extra para los servicios sanitarios y el decreto ley de medias fiscales y administrativas facilita la contratación de trabajadores con cargo a las bolsas de empleo, así como la movilidad -voluntaria o forzosa- de los empleados públicos. Estos movimientos, centralizados en la Dirección General de la Función Pública, pueden producir «inquietud» entre la plantilla, dice, pero cualquier decisión «se anunciaría, explicaría y negociaría con los sindicatos y ejecutaría con el principio de que sufran el mínimo impacto».
En la administración general, punta el consejero, la mayor parte del personal está teletrabajando o disponibles en el caso de los servicios esenciales aunque muy pocos están prestando servicio de manera presencial. Explica que el número de conexiones VPN -que permite acceder a sus escritorios como si estuvieran en su puesto de trabajo en el despacho-, ha pasado «de la nada a la mitad de los 12.000 empleados de la administración general». Donde menos teletrabajo se está produciendo es el área de Justicia porque «no se estaba familiarizado con el trabajo a distancia, no había hábito», dice el consejero.
De los más de 60.000 empleados públicos de Canarias, casi la mitad son del Servicio Canario de Salud y están todos activos. «Sería una locura pensar en prescindir de algunos». Insiste Julio Pérez: «no sobra nadie».
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