Clavijo y su guardia pretoriana de Coalición Canaria siguen parapetados en su defensa, señalando que simplemente se trata de un juicio político para debilitar su figura. Algo que desde los partidos de la oposición no solo rechazan, también lo viven con indignación. «Esto no es un juicio político, como he llegado a escuchar desde Coalición Canaria. Es una denuncia presentada por políticos, pero esto es un juicio penal. Entre otras cosas porque España es un país democrático y aquí no hay juicios políticos», expresa el senador del Partido Popular Antonio Alarcó, portavoz de la formación conservadora en este asunto.
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El panorama político de las islas recibe con indignación el desdén con el que Fernando Clavijo despeja responsabilidades. Y entienden que el hecho de que el caso haya ascendido hasta el TSJC, con la investigación abierta sobre si determinados empresarios recibieron un trato de favor por parte del equipo de gobierno de La Laguna durante el reciente mandato del actual jefe del Ejecutivo regional, obliga al presidente canario a responder en sede parlamentario a estas cuestiones.
Ese es el empaño, por ejemplo, de Podemos. La formación morada, con su portavoz y secretaria general Noemí Santana al frente, quiere que se produzca en el Parlamento de Canarias un pleno extraordinario en el que Clavijo comparezca para aclarar las dudas que la oposición quiere plantear. «Tenemos claro que si finalmente Clavijo es imputado presentaremos una moción de censura en la Cámara. Y ahí será cuando se tenga que retratar todo el mundo y quitarse la careta. Se están hablando de cuestiones muy graves, aunque desde Coalición Canaria se nos quiera vender que se están investigando simples incidencias administrativas. Lo que está quedando claro es que alguien con el perfil de Fernando Clavijo no puede ser el presidente de Canarias», expresa la líder de Podemos.
Desde el PSOE, sin embargo, se muestran con la tibieza habitual de los últimos tiempos. Aunque ponen en valor el código ético de su partido para señalar el camino de salida al líder de Coalición. «Tomaremos la decisión en sede parlamentaria», indica Ángel Víctor Torres, líder regional de los socialistas, que añade que «en nuestro partido si a alguien se le abre juicio oral inmediatamente es expulsado».
El PP se muestra, por su lado, más neutral. Y aunque censura que desde Coalición Canaria se hable de juicios políticos, evitan pronunciarse hasta que la justicia avance en la investigación. «La investigación ha llegado hasta el TSJC, pero eso en principio no significa nada. Simplemente ha sido trasladada allí porque el presidente de Canarias está aforado. Queremos ser respetuosos con los tiempos, aunque los jurídicos y los políticos no siempre coinciden», expresó Antonio Alarcó.
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Este último movimiento de la justicia vuelve a poner el foco sobre el presidente del Gobierno de Canarias y la honestidad de su gestión en el Ayuntamiento de La Laguna. Y es que la Audiencia entiende que es necesario seguir investigando al presidente, fundamentalmente por dos decisiones sobre las que se estima que conviene seguir practicando diligencias. Los decretos por los que levantó los reparos formulados por la Intervención Municipal al otorgamiento de un préstamo de 120.000 euros a la empresa concesionaria de las grúas y a la prórroga de ese servicio.
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