Francisco Suárez Álamo y / Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 16 de julio 2020, 04:41
La tensión entre los socialistas canarios es mayúscula, casi tanta como la incomodidad ante la nueva directriz emanada de Torres y su equipo, que parecen cimentar un pacto de facto entre CC, el Partido Socialista Canario y la Agrupación Socialista Gomera. De hecho, así lo han acuñado ya portavoces de otros partidos, como Australia Navarro (Partido Popular) y Román Rodríguez (Nueva Canarias).
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En la reunión convocada para hoy en Tenerife, la Ejecutiva Regional deberá decidir qué hace en el pleno previsto para el miércoles, en el que se votará la propuesta de PP, Nueva Canarias y Podemos de destituir a Santiago Negrín al frente del Consejo Rector. Para ello hacen falta 36 votos y, sin el concurso del PSC, solo habría 24. Hasta el mes de julio, el PSC estaba en el bloque que exigía que Negrín dejase la presidencia, pero todo cambió cuando Ángel Víctor Torres fue elegido secretario general con el 43% de los votos.
¿Por qué peligra la ley? Porque, como subrayan fuentes parlamentarias, si los socialistas se desdicen y salvan a Negrín a partir del informe de una abogada de los Servicios Jurídicos del Gobierno adscrita a la Viceconsejería de Presidencia y ascendida en un procedimiento de libre designación con fecha del pasado mes de octubre, estarán dando por bueno que RTVC se gobierna al margen del Consejo Rector. Más aún cuando ese informe, en un giro aún más sorprendente, se realizó a partir de dos preguntas muy concretas formuladas por el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y que condicionan en gran medida las respuestas conseguidas.
Fajardo, Barragán y Ruano. Para situar lo ocurrido en su justo término hay que recordar que la actual ley de RTVC tuvo como uno de sus artífices al entonces diputado socialista Manuel Fajardo, jurista que fue también viceconsejero de Justicia. Ocurrió en la legislatura en la que gobernaron conjuntamente CC y PSC, con Paulino Rivero en la Presidencia y José Miguel Pérez en la Vicepresidencia, y fue una ley para acabar con el modelo anterior de RTVC, donde el director general –entonces Guillermo García– podía tomar prácticamente todas las decisiones al margen del Consejo de Administración. Los socialistas fueron, de hecho, los más críticos con aquella forma de proceder y a esas críticas se sumaron los nacionalistas de forma pública cuando se abrió la lucha entre Rivero y Fernando Clavijo por la candidatura de CC a la Presidencia, un pulso que acabó ganando Clavijo en septiembre de 2014. A partir de ahí, CC dio por buena la redacción de la ley que llevaba tiempo preparando Manuel Fajardo porque Guillermo García era identificado como una de las personas del equipo de Rivero.
Esa misma ley que ahora Fernando Clavijo dice que ha fracasado fue negociada directamente entre Fajardo, por el lado del PSC, y José Miguel Barragán y José Miguel Ruano en la bancada de CC. La clave de aquella ley se recoge en el preámbulo, que presenta al Consejo Rector como « órgano de máxima dirección», y que en su artículo 9, para que no hubiera duda, señala que «la administración y gobierno del ente público RTVC corresponde al Consejo Rector». Llega la ley al extremo de señalar que los contratos que superen una anualidad y un millón de euros son competencia del Consejo Rector, que también debe pronunciarse sobre la externalización de servicios, además de aprobar los presupuestos y remitir al Parlamento la memoria anual, cuentas e informe de gestión.
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En cuanto a las sociedades englobadas en RTVC, una para la tele y otra para la radio, la ley recoge la figura del administrador general -cargo desde que el que Negrín convocó el concurso de informativos- pero aclarando expresamente que todo ello «sin merma de las competencias del Consejo Rector».
Así las cosas, lo que hoy llevará Ángel Víctor Torres a la Ejecutiva Regional son nueve folios redactados a instancias de Fernando Clavijo y que, a partir de dos preguntas hechas a la medida de Santiago Negrín, dan como resultado un dictamen que liquida en la práctica la Ley 13/2014, al permitir que el presidente de RTVC se gobierne por su cuenta como administrador de las sociedades. Con el añadido, además, de que lleva meses sin convocar al Consejo Rector porque es consciente de que no cuenta ya con apoyos en él. Además, ese dictamen podría haber sido mucho más completo si Torres hubiese trasladado a CC o al propio presidente Clavijo que encargase un informe teniendo en cuenta las advertencias que el pasado día 7 trasladó a los Servicios Jurídicos, a la Consejería de Hacienda y a RTVC la consejera María Lorenzo. Esa carta, cuyo contenido desveló ayer este periódico, advertía del riesgo de que se produjera lo que, según la oposición y un importante sector del PSOE, se ha acabado produciendo: un informe con una lectura «tergiversada» porque el enfoque del mismo es limitado e interesado.
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Juristas enfrentados. Por otra parte, el papel jugado por Fernando Clavijo en el proceso de elaboración de ese informe abre el debate sobre el uso partidista de los juristas al servicio del Gobierno, tanto por el hecho del citado ascenso reciente de la letrada firmante -Antonia Barrios Marichal- como por el hecho de que el presidente no da por bueno los dictámenes jurídicos de Martín Orozco, que fue jefe de los Servicios Jurídicos, que durante casi dos décadas ha asesorado a RTVC, y que advirtió expresamente a Santiago Negrín de que su condición de administrador único de Televisión Canaria no evitaba contar con la autorización previa del Consejo Rector.
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