El PP sacrifica su rebaja fiscal y asegura los presupuestos de 2018

El Partido Popular (PP) renuncia a la rebaja lineal del IGIC, en la que tanto ahínco puso cuando negoció con Coalición Canaria (CC) un pacto de gobernabilidad, para salvar los presupuestos de 2018 que el Gobierno nacionalista ultima. Hoy, los dos grupos parlamentarios blindarán por escrito el acuerdo alcanzado.

Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife

Jueves, 16 de julio 2020, 08:02

La «responsabilidad» para que Canarias tenga aprobado un presupuesto nuevo el año próximo fue la justificación principal que esgrimió ayer el presidente autonómico del Partido Popular (PP), Asier Antona, para fundamentar el salvavidas que supone haber comprometido el apoyo de su grupo parlamentario a las cuentas de 2018 y por ende, al Gobierno de Fernando Clavijo.

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«Es mucho mejor que Canarias tenga presupuesto a que no lo tenga, máxime ante la incertidumbre nacional en la que estamos inmersos», se excusó Antona. De esta forma, sacrifican la rebaja lineal del IGIC sobre la que determinaron la consecución de un pacto de gobernabilidad con Coalición Canaria (CC) en aquellas negociaciones que ambas formaciones mantuvieron antes del verano.

El presidente del PP eludió explicar el renuncio a cambio de arrogarse la rebaja fiscal acordada con el Gobierno que, afirmó, supondrá «más de 120 millones que se devolverán al bolsillo de las familias».

Antona adelantó que se bajará el IGIC de la telefonía de un 7 al 3%, igual que el de la compra de vivienda habitual para los menores de 35 años -Podemos le dio la «bienvenida al progreso», al ser una de sus propuestas- y los autónomos que facturen por debajo de los 30.000 euros anuales quedarán exentos.

En cuanto al IRPF, muchas de las deducciones referidas por el presidente del PP fueron anunciadas por Clavijo. Aunque aseguró que los beneficiarios serán las «personas con menos recursos», no detalló sobre qué tramos de renta se aplica la reducción impositiva.

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Al mismo tiempo, Asier Antona presumió de haber obligado al Gobierno a dedicar «íntegramente el crecimiento en la participación del Fondo de Competitividad a los servicios esenciales».

Esto sí lo concretó en «416 millones» adicionales de los cuales «más de 230 millones» crecerá el presupuesto de Sanidad y en «más de 100 millones» lo hará el de Educación. No especificó las subidas aludidas a la pobreza y servicios sociales.

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