El Gobierno de Canarias acelera en su presión a Fomento, y a su ministro titular José Luis Ábalos, para que se firmen los convenios de carreteras previamente acordados con el Gobierno del Partido Popular. Pablo Rodríguez, vicepresidente del Ejecutivo, lamenta que «estén en riesgo 2.000 millones de inversión y que para el Estado esto no sea una prioridad».
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Rodríguez inició su comparencia, posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer en Las Palmas de Gran Canaria, explicando que «mi impresión es que el Ministerio no se compromete con Canarias y están en juego 2.000 millones de euros, que son muchos para obras y, también para la creación de puestos de trabajo, ya que cada millón conlleva la creación de 14 empleos que son muy necesarios en obra pública, el sector más afectado en la crisis económica», dijo.
Rodríguez aseguró que todo está en manos del Estado en este momento. «Nosotros tenemos los deberes hechos. Tenemos proyectos por valor de 800 millones de euros en todas las islas. Que podrían licitarse mañana. Y algunos ya se están licitando hoy, como es el caso del segundo tramo de la carretera de La Aldea. Que está en licitación pero pendiente de que se firme el convenio. Para que se puedan adjudicar estas obras es necesario que se firme el convenio de carreteras, porque es necesario un documento plurianual», indicó.
El vicepresidente insistió en que no existen plazos marcados por el Gobierno estatal para definir los tres documentos que deben ser rubricados. «Todas las obras son muy importantes. Y todas están condicionados por la firma del convenio. Nuestro calendario es para hoy, ya mismo. Porque además son varios instrumentos los que hay que firmar. Se tiene que firmar el convenio de carreteras, el acuerdo extrajudicial para dar cumplimiento a las sentencias firmes que obligan a pagar lo que nos deben de otros años y la prórroga al convenio. Pero para poder hacer todo esto hay que firmar ese convenio, para el que no hay ni impedimentos técnicos ni legales. Esos ya están solventados en la ley de Presupuestos Generales del Estado», expuso.
Rodríguez recordó que esa firma extrajudicial se basa en que el Estado cumpla las sentencias del Tribunal Supremo que le obligan a afrontar más de 400 millones de euros detraídos a las islas del anterior convenio de carreteras, y que los juicios pendientes de resolución pueden incrementar todavía a unos 700 millones más.
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Al margen de la reseñada carretera de La Aldea, Rodríguez enfocó como prioridades del Ejecutivo regional el anillo insular de Tenerife; la carretera Caldereta-Puerto del Rosario, en Fuerteventura; a la de Tijarafe-Los Llanos, en La Palma.
Por eso insistió en que sin más impedimentos que la firma del Estado, se trata de un asunto de responsabilidad política.
EL REY EN LA ISLA.
Pablo Rodríguez estuvo acompañado en su comparecencia por Rosa Dávila, consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, y el responsable de Agricultura Narvay Quintero. Dávila confirmó que Felipe VI asistirá a la Conferencia de Presidentes de las RUP (Regiones Ultraperiféricas) que se celebrará los días 24 y 25 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria.
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Esta cita tendrá especial simbolismo porque en ella Fernando Clavijo dará el relevo y dejará la presidencia de turno que ha representado el último año.
También estará Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Michel Barnier, negociador para el Brexit.
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