El Parlamento ha respondido en tan solo 24 horas al vacío de poder que ha dejado Santiago Negrín tras renunciar a su cargo como residente de Radiotelevisión Autonómica de Canarias (RTVC).
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Lo ha hecho con una proposición de ley que modifica la que regula el ente para que el Gobierno autonómico termine de implicarse de lleno, nombrando a un «administrador único para que las competencias atribuidas por ley pueda dar continuidad y mantenimiento al servicio público y con ello, a los puestos de trabajo y el sector audiovisual afectado».
El administrador será nombrado por un período de tiempo «limitado» que se define hasta la «constitución del órgano rector y en todo caso, el 31 de diciembre de 2018». Asimismo, se puntualiza que «ejercerá tanto respecto del ente RTVC como de sus sociedades».
El nombramiento de esta figura conllevará además el cese de los miembros que quedan en el Consejo Rector así como su «disolución» por parte del Ejecutivo mediante un decreto.
En una disposición transitoria única, se agrega la necesidad de contar con todos los grupos parlamentarios para acordar la elección del administrador único: «el Gobierno, antes de su nombramiento, dará audiencia a los grupos con representación parlamentaria».
Esta disposición no aparece en un borrador que, desde un primer momento, movió Coalición Canaria (CC) con el propósito de obtener el visto bueno del resto de los grupos. Su inclusión es resultado del interés del portavoz, José Miguel Ruano, de sacar adelante su iniciativa con el máximo consenso posible.
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Por el momento, el documento registrado ayer en el Parlamento está firmado por los portavoces del Partido Socialista Canario (PSC), Partido Popular (PP), Podemos y el grupo Mixto.
El portavoz de Nueva Canarias (NC) no pudo acudir ayer a la Cámara. Pero Román Rodríguez aclaró a través de Efe que su partido apoyará la ley de emergencia para la Radiotelevisión Canaria si se ajusta a la legalidad, puntualizó y «se quita de en medio a los que han montado el follón».
Rodríguez aseguró que su partido no ha apoyado la posibilidad de una ley de emergencia para que el Gobierno regional apruebe por decreto el nombramiento de un administrador único en la Radiotelevisión Canaria porque «nadie nos invitó a la reunión».
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La necesidad de que la modificación legislativa propuesta evite que RTVC tenga que cerrar definitivamente y Televisión Canaria acabe con sus emisiones el 30 de junio, como temen los grupos, ha provocado que estos solicitaran ayer a la Mesa del Parlamento a tramitar la iniciativa de forma urgente.
«Los grupos firmantes -reza el escrito registrado ayer- solicitan que se proceda acordar la calificación urgente de la proposición de ley de modificación de la 13/2014 de 26 de diciembre de Radio y Televisión Públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias, debido a la situación excepcional e incertidumbre en la que actualmente se encuentra sumido el servicio público de Radiotelevisión Canaria, con la imposibilidad -se añade- de dar continuidad a las prestaciones propias del servicio público».
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Por ello, piden el «procedimiento de urgencia», así como la tramitación en «lectura única».
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