Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Viernes, 17 de julio 2020, 02:54
El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, amenazó ayer al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de llevarle hasta el Tribunal Supremo si el Ejecutivo central acaba por aprobar un real decreto que contemple, directa o indirectamente, la tarifa «bonificable» para aplicar sobre la misma el descuento del 75% en los traslados aéreos y marítimos de residentes canarios entre las islas y la península.
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Clavijo abandonó por primera vez la cortesía de la que viene haciendo gala desde que asumió la Presidencia de Canarias para afirmar con rotundidad que «hay una clara voluntad por parte del Gobierno de España, en un momento determinado, poder controlar el gasto que supondrá la bonificación y fijar una tarifa bonificable a la que se le aplica el descuento».
Recordó que introducir el concepto de tarifa «bonificable» en vez de la del servicio regular, tal y como aparece en la Ley de Presupuestos de 2018, posibilita a Fomento decidir qué ayuda aplicar al precio de los billetes, lo cual «vulnera un derecho de todos los canarios», subrayó.
El jefe del Ejecutivo dijo que ha hablado por teléfono con Ábalos después de recibir del ministro la segunda versión del real decreto proyectado, en el que se oculta la alusión a la tarifa bonificable tras la Ley de Presupuestos para 2013.
«No entendí lo que me explicó el ministro -contó Clavijo-. Me dijo que un real decreto no puede cambiar una ley presupuestaria -la de 2013- y yo le dije que esta ley viene modificada por la de los Presupuestos de 2018, que habla de la tarifa de servicio regular, y que el real decreto no puede ir en contra de la de 2018».
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Por eso, el presidente del Gobierno autonómico envió al ministerio un informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma. En el documento, se sostiene que la Ley 19/1994, que expresa la aplicación de una reducción de las tarifas de los servicios regulares del transporte de viajeros, es «sobre la que se ha de dictar» el real decreto.
En el informe, firmado por la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, se insta al ministerio a que «proceda a desarrollar el mandato» contenido en la Ley de Presupuestos 2018 y «ajustarse literalmente a lo dispuesto por el Legislador».
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