F.S.A. / Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 16 de julio 2020, 04:42
El caso grúas entra ahora en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dada la condición de aforado del actual presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo. Pero el expediente acumula un recorrido que suma 14 años de historia. Estas son las claves del proceso.
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1. El origen.
En el año 2003 el entonces concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Fernando Clavijo (CC), siendo alcaldesa Ana Oramas, inicia el procedimiento para que el servicio de retirada de vehículos de la vía pública sea asumido por una empresa privada mediante concesión municipal, «con una vigencia equivalente a la amortización de los vehículos grúa sin incorporación del personal municipal adscrito al servicio».
2. La adjudicación.
En julio de 2004 el pleno del Ayuntamiento adjudica a José Padilla González ese servicio, por un plazo de cinco años prorrogables hasta un máximo de 25 años.
3. La cesión del contrato.
En octubre de 2005 el Ayuntamiento autorizó a José Padilla la cesión del contrato de las grúas a la empresa Autogrúas Poli SL, que asumió todos los derechos y obligaciones de aquel.
4. La intervención.
Autogrúas Poli SL se encontraba en 2013 en una situación casi de quiebra: impagos de nóminas, falta de material para realizar el servicio, carencia de tarjetas de transportes, mal estado de las grúas... Por todo ello la Jnta de Gobierno, con Clavijo siendo alcalde, aprueba la medida cautelar de intervención y asunción temporal del servicio, nombrando para ello a dos funcionarios. Estos advierten en sendos escritos de marzo y abril de 2014 de «la inestable situación económica-financiera de la entidad concesionaria», según destaca la Audiencia Provincial en el auto de reapertura del caso. La deuda a corto plazo superaba los 300.000 euros y había un problema de liquidez ante los impagos a la Agencia Tributaria, créditos embargados e ingresos bloqueados.
5. El decreto de Clavijo.
El alcalde firma en junio de 2014 un decreto resolviendo levantar los reparos formulados por la Intervención respecto a la concesión a Autogrúas Poli SL de un préstamo por importe de 120.000 euros. Intervención había alertado, entre otras cuestiones, de que esa medida carecía de cobertura legal y que se vulneraba la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La decisión de Clavijo se fundamenta en el dictamen de catedráticos de Derecho Financiero y Derecho Administrativo de La Laguna. En su resolución, la Audiencia Provincial se pregunta cómo la juez de Instrucción número 2 dio por buenos esos informes sin haberlos examinado. Y la Audiencia añade esto sobre lo que hizo Clavijo: «No cabe duda», dice la Audiencia, «de que ante criterios dispares de los informantes, la autoridad [el entonces alcalde y hoy presidente] deberá decidir, pero la resolución que adopte deberá ser conforme a las normas del ordenamiento jurídico, no pudiendo ampararse en informes cuyas conclusiones contravengan dichas normas».
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6. Los trabajadores con «vinculaciones personales» con Clavijo.
Clavijo levanta los reparos de los interventores y concede el préstamo a Autogrúas Poli SL, de la que eran socios algunos de sus trabajadores, según se recoge en escritura pública fechada en abril de 2011. «Algunos de sus socios adquirentes de las participaciones sociales pudieran tener vinculaciones personales con el sr. alcalde D. Fernando Clavijo». Este aspecto fue investigado esta semana por el juzgado, que eludió hacerlo en la instrucción inicial. Y los testigos confirmaron que al menos cinco de las personas llamadas conocían de hace años a Clavijo, ya fuera por haber compartido trabajo en Leroy Merlin o por acudir juntos a clases de artes marciales. Y también porque esa empresa tuvo su sede durante un tiempo en el mismo lugar que la asesoría Administración Ecológica SL, de la que Clavijo fue administrador hasta marzo de 2009. Para la Audiencia es relevante también cómo el Ayuntamiento pagó atrasos a Autogrúas Poli SL solo en el momento en que se ejecutó el traspaso de la sociedad por parte de José Padilla a ese grupo de amigos de Clavijo. Y añade la Audiencia de que no hay constancia de que el Ayuntamiento conociera y tampoco que autorizara esa transmisión de la propiedad, contraviniendo así lo que recoge el pliego de la concesión del servicio.
7. Más incumplimientos.
Autogrúas Poli SL suma y sigue con sus incumplimientos y no tenía la tarjeta de transporte obligatoria, como acreditó la Guardia Civil. Tampoco estaba al día en los pagos a la Seguridad Social y obligaciones fiscales, como constató la Intervención en agosto de 2014 (con Clavijo también en la Alcaldía).
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8. Pérez Godiño sigue los pasos de Clavijo.
A pesar del rosario de incumplimientos, en agosto de 2004 el teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antonio Miguel Pérez Godiño (CC), prorroga la concesión a Autogrúas Poli SL por cinco años y un importe máximo anual de 650.000 euros.
9. La venta, un año después.
En agosto de 2014, Autogrúas Poli SL fue vendida por un euro a Grúas y Servicios Adeje SL, asumiendo esta la deuda de aquella: 715.215 euros.
10. La denuncia.
En abril de este año Unid@s Se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias denuncian en el juzgado el caso. Centran la denuncia en Clavijo como concejal que inicia el procedimiento y alcalde que fue, y en el actual primer edil, José Alberto Díaz.
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11. El primer archivo.
La juez de Instrucción número 2 de La Laguna dicta el sobreseimiento provisional. Los denunciantes avisan sobre la marcha de la presentación de un recurso ante la Audiencia Provincial y así lo hacen.
12. La comisión de investigación, con CC decidiendo.
En julio, el Ayuntamiento aprueba, con los votos de CC, PSOE y PP un dictamen que exculpa a los ediles implicados, con el añadido de que se aprobó con los votos de José Alberto Díaz y Pérez Godiño. La oposición anunció previamente que se levantaba de la comisión para no ser partícipe de ese «amaño».
13. La reapertura.
La Audiencia Provincial estima el recurso de los denunciantes y ordena a la jueza que reabra el caso, al entender que hay indicios de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. La magistrada llama a declarar a siete trabajadores de la empresa de grúas, cita como testigos a los dos interventores, llama como investigado -lo que antes era imputado- al edil Pérez Godiño y finalmente el viernes eleva el caso al Tribunal Superior por la condición de aforado del «otro investigado»: Fernando Clavijo. Así, donde no había un caso grúas, como llegó a decir el alcalde José Alberto Díaz, o donde hay «un caso político» o «con intencionalidad política», como han dicho portavoces del Gobierno y el propio Fernando Clavijo, ahora lo que hay es un presidente a las puertas de la imputación.
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