B. Hernández / Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 16 de julio 2020, 18:32
El Gobierno de Canarias sigue adelante con su intención de destinar 175 millones de los 300 millones de superávit de 2018 a gasto social, aún sin contar con la autorización del Estado, en vez de consignarlo a deuda y gasto financieramente sostenible como marca la ley de estabilidad. Dispone para ello del apoyo cerrado del Consejo asesor del presidente que, en la que probablemente haya sido la última reunión de esta legislatura, consideró ayer que la decisión es «acertada», «correcta» y «totalmente legal».
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Después de la reunión de este órgano, en el que están representados las dos patronales canarias y los sindicatos CC OO y UGT, el presidente, Fernando Clavijo, puntualizó que «no hay vulneración de la ley ni improvisación» y explicó que el Gobierno regional ha tomado esta decisión ante la falta de respuesta del Ministerio de Hacienda a la propuesta de emitir un real decreto que permitiera destinar el superávit a los servicios públicos, tal y como se acordó en el último Consejo asesor.
Aseguró que con esta iniciativa para mejorar los servicios básicos esenciales, la Comunidad Autónoma seguirá cumpliendo con los objetivos de déficit y deuda y «en todo caso, Canarias pasará de ser una comunidad con superávit a tener déficit cero». Este mecanismo utilizado por el Gobierno autónomo, añadió, «no compromete el presupuesto de 2020, es sostenible en el tiempo y no tiene controversia legal».
En cualquier caso, el presidente apuntó que, al cierre del ejercicio de 2018, en el primer trimestre del próximo año, se liquidará la regla de gasto y Canarias estará dentro de los límites establecidos. Puntualizó que, si no fuera así, «queremos que el Estado nos trate igual que al resto de las comunidades incumplidoras, a las que no ha pasado nada». Mantuvo que «no habrá consecuencias» y el Gobierno central «no tomará represalias».
Clavijo agregó que la regla de gasto limita la capacidad de invertir de manera «absurda» y recordó que la ciudadanía canaria se «sacrificó» por cumplir con la ley mientras el Gobierno de España «nos hurtaba recursos» a la vez que ha premiado a algunas autonomías que tienen una deuda «desbordada y siguen incumpliendo todos los parámetros de estabilidad presupuestaria».
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El presidente aprovechó para agradecer «la lealtad y el compromiso» demostrado por los sindicatos y empresarios a través del órgano del consejo asesor.
Por su parte, la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, emplazó al Gobierno central y a los partidos políticos a modificar la ley de estabilidad de tal manera que se flexibilice la regla de gasto y apuntó que las corporaciones locales están en la misma situación, con dinero en los bancos que no pueden utilizar «por unas normas que ya no se ajustan a la realidad». Igual que el presidente, indicó que no contempla que el Estado tome medidas contra Canarias porque no lo ha hecho contra ninguna otra comunidad y señaló que «nos arriesgamos a incumplir, pero no vamos a permitir que se destinen nuestros recursos a compensar los incumplimientos y algunas alegrías de otras comunidades».
El secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, respondió al presidente en cuanto supo el destino desglosado del superávit y señaló que la fórmula planteada «no es contraria a la ley orgánica, sino que está contemplada en la misma y lo podían haber hecho hace tiempo».
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La vía para utilizar estos recursos, dijo Torres, «es la misma que el PSOE propuso al Ejecutivo de Canarias antes de aprobarse los actuales presupuestos mediante una enmienda, pero no hubo voluntad política para llevarlo a cabo». Lo hacen ahora, concluyó el dirigente canario del PSOE, «porque están en campaña electoral. Es puro electoralismo de Coalición Canaria que toma a los canarios por tontos».
Jueves social del presidente
Sanidad. En Sanidad se utilizarán 76 millones, a través de un crédito extraordinario, para liberar partidas para la reducción de las listas de espera. Además, se emplearán 14 millones para eliminar el copago farmacéutico para los pensionistas que cobren por debajo de 18.000 euros, así como sus beneficiarios. Esta medida llegará a unas 292.000 personas
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Educación. Se destinarán 63,74 millones para reducir el horario lectivo de más de 11.280 profesores de 20 a 18 horas. Esta medida implica la contratación de más de 1.250 nuevos docentes.
Bono transporte. Otra iniciativa es la implantación del bono transporte a los mayores y dependientes que también cobren menos del salario mínimo, y se gastarán 15 millones.
Autónomos. Se emplearán seis millones para ampliar un ejercicio, hasta los dos años, la tarifa plana de autónomos de 50 euros.
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