Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 16 de julio 2020, 18:20
Es la primera vez, al menos en la legislatura que está a punto de acabar, que la Comisión del Estatuto del Diputado acaba partida en dos a cuenta de la petición de compatibilidad que cursó el diputado del Partido Socialista Canario (PSC), Gabriel Corujo.
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Los miembros de la comisión volvieron a reunirse en la última semana de abril para zanjar definitivamente la petición formulada por Corujo después de que le nombraran delegado de la Zona Franca de Gran Canaria. La reunión acabó tal como empezó, según varias fuentes vinculadas a la misma: sin un acuerdo claro, rompiendo la tendencia habitual en los últimos cuatro años y en períodos anteriores.
Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) votaron en contra de que Corujo pudiera mantenerse formando parte del Parlamento al mismo tiempo que dirige la Zona Franca. El PSC y Nueva Canarias (NC) respaldaron la petición hecha por el parlamentario socialista mientras que Podemos y el grupo Mixto optaron por abstenerse.
El desacuerdo tiene su base en el informe que la propia comisión encargó a los Servicios Jurídicos del Parlamento. Estos se fundamentaron en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (Loreg) y en la Ley de Elecciones al Parlamento de Canarias. En la mayoría de sus 15 páginas, los letrados se inclinan a favor de la compatibilidad, pero en la última, se desbarata el argumento y se declara al final la incompatibilidad, al entender que la designación de Gabriel Corujo como delegado especial de la Zona Franca de Gran Canaria supone una vulneración del artículo 6.2.g de la Ley de Elecciones al Parlamento.
CC y PP se amparan en el informe pero el PSC y NC ponen en cuestión la conclusión llegando incluso a plantear que, bajo el mismo criterio que se intenta aplicar a Corujo hay otros diputados que también deberían de haber sido declarados incompatibles. En concreto, aquéllos que participan en entidades públicas de diferente naturaleza jurídica por su condición de consejeros de cabildos insulares o concejales.
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Podemos se suma en parte al denunciar que la Mesa del Parlamento ha podido actuar con «arbitrariedad» en el caso de Corujo. La implicación del órgano rector se debe a que fue éste el que instó al diputado a presentar alegaciones ante la posibilidad de «estar incurso en una causa de incompatibilidad», e involucró después a la Comisión del Estatuto de los Diputados y Peticiones.
«No es de recibo que hayan actuado de oficio sobre él y no con otras personas que según el informe del letrado tienen causas más claras de incompatibilidad», critican fuentes parlamentarias.
Todas las versiones consultadas coinciden en que, tras la votación y el evidente desacuerdo, varios diputados de la comisión plantearon formular un voto particular.
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Sin embargo, esta forma de proceder es igualmente inédita en la historia de la comisión. De hecho, el letrado que asistió a la misma advirtió que los votos particulares no están contemplados en el reglamento a la hora de pronunciarse sobre el estatuto de un diputado.
Pero precisamente, por el hecho de que no figuren mencionados en la normativa parlamentaria no implica que no se puedan llevar a término. Por lo tanto, los Servicios Jurídicos han tenido que volver a intervenir para dictaminar sobre este proceder.
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Hasta el día 2 de mayo -el tres fue festivo en Santa Cruz de Tenerife-, la Comisión del Estatuto del Diputado no había dado por cerrada el acta, por lo que la Mesa no había podido decidir si la situación de Gabriel Corujo debe de resolverse en el pleno que está convocado para mañana, según establece el reglamento del Parlamento.
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