Apenas el Parlamento ha podido modificar el Proyecto de Ley de Presupuesto para 2018, que supera los 8.200 millones de euros. El portavoz del grupo de Coalición Canaria (CC), José Miguel Ruano, sostuvo en la votación de ayer que la iniciativa ha estado «participada» por los 36 diputados que lo han secundado -CC, Partido Popular y grupo Mixto-, pero para la oposición «se ha vuelto a aplicar el rodillo, aunque esta vez haya sido con cariño y sensibilidad», como expresó Nueva Canarias (NC).
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Ruano rechazó que nacionalistas, conservadores y el grupo de Casimiro Curbelo se hubieran conducido con imposiciones e intransigencias, como le achaca el resto de la oposición. «Hemos aceptado 101 enmiendas que hemos podido transar» de las 623 correcciones que presentaron todos los grupos.
De hecho, «los créditos ampliables con cobertura a la Prestación Canaria de Inserción, atención a la drogodependencias, ayudas a la infancia, la atención a la discapacidad, o la atención a las víctimas de violencia de género, han sido fruto del trabajo de las enmiendas».
Por su parte, el diputado del grupo Popular, José Estalella, se negó a ver implicado su partido en el «tripartito» con que define la oposición el acuerdo presupuestario que los conservadores firmaron cuando el Ejecutivo trabajaba sobre el anteproyecto de ley.
Estalella mantuvo exactamente los mismos argumentos que expuso en la última Comisión de Presupuestos, así que insistió en que «este Presupuesto no es el del Partido Popular ni tiene nuestra impronta».
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No obstante, el diputado atribuyó para sus siglas haber «incrementado el gasto social en 440 millones, el apoyo directo a los sectores productivos por 187 millones» y hasta la reforma fiscal incorporada en los Presupuestos: «el primer programa alivio fiscal en Canarias desde inicio de la crisis que permitirá quedarse en los bolsillos de las familias un total de 128 millones de euros», subrayó.
El portavoz del grupo Mixto, Casimiro Curbelo, dio cinco razones para el respaldo: «éste es el Presupuesto de las personas, incorpora una política fiscal más humana, diversifica la economía, buscan solidaridad e igualdad y la inversión territorializada está equilibrada».
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