Es muy preocupante el desprecio que los gobierno sienten por los foros parlamentarios ante los que tienen que dar cuenta. Una de las clave de bóveda del asunto del «relator» está, precisamente, en que el Gobierno de España y el Gobierno catalán negocian crear una mesa de diálogo de partidos con un relator, sustrayendo ese debate al Parlamento.
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Hace tiempo que Pedro Sánchez ha huido del debate parlamentario. Su incómoda minoría lo ha llevado a ausentarse del Senado, al que no acude por sistema, y en el Congreso lo hace a regañadientes para someterse a las sesiones de control. Así actúa el presidente que prometió reactivar la vida parlamentaria para diferenciarse del PP.
Esta nueva operación del «relator», al margen de los canales institucionales de diálogo, el Congreso y el Senado, pone en evidencia la decisión de sustraer a los españoles el derecho democrático a la transparencia parlamentaria, del debate y a la toma de decisiones a través de sus representantes en asuntos tan graves como la unidad territorial.
Una «felonía», como lo ha definido la oposición, porque, además, llevar el tema catalán a una mesa de partidos con un «relator» responde a los intereses personales de Pedro Sánchez, que no son otros que aprobar los presupuestos y permanecer en La Moncloa aunque el país se venga abajo. Pedro Sánchez cede ante el independentismo poniendo en riesgo a las instituciones, a su partido y su futuro político.
Ni una sola explicación de las ofrecidas por el Gobierno han convencido a nadie, entre otras cosas porque para puntualizar están los independentistas catalanes, que sí han definido con precisión qué es lo que quieren: una mesa de negociación entre dos naciones en conflicto con un mediador que garantice la equidad de las decisiones. Una bajeza que directamente pone en cuestión la calidad democrática española, nos equipara a las repúblicas bananeras y dan satisfacción a las pretensiones independentistas: desprestigiar, prescindir y bloquear las instituciones de un estado democrático y de derecho reconocido como tal a nivel internacional.
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Detrás de esta operación, al margen de los detalles, se esconde una actitud propia de los populismos de nuestro tiempo. Gobernar y prescindir del sistema democrático. Pedro Sánchez gobierna y actúa al margen del Parlamento, dando al Ejecutivo el poder de decidir por vías bastardas sobre asuntos reglados en la democracia Española, en la Constitución y consensuadas en la Transición. Las consecuencias pueden ser letales, para el Estado Español y para El PSOE. Deben recordar Pedro Sánchez lo que pasó con el socialismo francés, al griego o al italiano, relegados a la insignificancia política después de robustecer el populismo a base de errores propios. El empecinamiento de Sánchez es auténtica gasolina para Vox y para la derecha española. Si alguien es responsable en España del surgimiento del populismo de derechas y de arropar al de izquierdas, ese es Sánchez.
La calidad democrática española está sufriendo un grave revés. La tentación, o ya el hecho, de bordear la ley, de burlar los procedimientos, de ningunear a instituciones de representación como el Congreso y el Senado merman y debilitan la democracia, uno de los objetivos del separatismo español. Cuanto más pierda la democracia Española más argumentos tiene el independentismo para referirnos como Estado opresor y equipararnos a los países fallidos con los que hay que negociar con mediadores que construyan un relato, para que certifiquen quién dice la verdad de parte y qué es lo que se acuerda. Un disparate.
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La última cesión de Pedro Sánchez al separatismo ha cruzado todas las líneas rojas. Por mucho que pese la opinión de Casado, éste tiene razón. La democracia española está viviendo los peores momentos desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno. Un país como España, sus ciudadanos, no se merecen este estado de cosas, la incertidumbre sobre lo importante, permanecer unidos o seguir trabajando. Un presidente que se precie de querer a su país no se atrinchera para salvar sus papeles, como ha hecho Sánchez, ni se esconde para evitar ser cuestionado; todo lo contrario, recurre a los mecanismos que la Constitución ha puesto en sus manos para salvar la situación y el camino no es otro que el de las elecciones. Quizás sea Sánchez el que necesite un relator.
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