No seré yo quien califique penalmente la actuación de Santiago Negrín en el proceso de adjudicación de los servicios informativos de la Radio Televisión Canaria. Pero sí afirmo con todas las consecuencias que si, directamente no ha prevaricado, sí se ha movido al borde de esa figura delictiva y de la legalidad para ejecutar una orden de los lobbies empresariales de los que es hijo y de los políticos que lo han sostenido más allá de la decencia. El rastro que ha dejado en estos meses lleva directamente a la sospecha, más que infundada, de que se ha movido en torno a intereses totalmente ajenos a los que debe mover el cargo para el que lo habilitó el Parlamento de Canarias y que ha trabajado en exclusiva para satisfacer esos intereses inconfesables.
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El currículum que deja Negrín en su gestión no puede ser más nefasto. Cuatro años de bochornoso mandato al frente de la Tele, de chapuzas que van desde la incapacidad para poner en marcha la Ley de la Radio Televisión Pública Canaria, primer y único encargo del legislador, pasando por la contratación de programas por encargo, entre el que destaca El Foco, de una empresa amiga, Socater, el más caro de la historia de la televisión cuya audiencia se arrastra en los niveles más bajos de la parrilla. Santiago Negrín, que debió ser el primer presidente de la «nueva televisión», aquella que el legislador autonómico quiso que fuese independiente, lo ha sido de la más controlada por el poder político y por intereses ajenos a lo público. Desde el minuto uno Negrín ha respondido, en su cargo, a dos corrientes de intereses que confluyen en la Televisión pública, los de la empresa de la que proviene, la cadena SER y el emporio Prisa, además de otros agregados de capital peninsular pero instalados en Canarias disimulando ser canarios; y del otro, el interés de Fernando Clavijo por crear un búnker mediático en su entorno que oculte todas sus miserias y perpetúe el régimen filo-democrático que ha creado desde la presidencia del Gobierno. Clavijo vendió el contrato de informativos de la Televisión Canarias desde que Ana Oramas lo propuso, por la puerta de atrás, como candidato a la presidencia del Gobierno, y lo hizo a un grupo mediático amplio mientras engañaba al resto. Para conseguir ese objetivo, siendo candidato a la presidencia del Gobierno, nombró a Santiago Negrín, al que unos y otros han instrumentalizado a lo largo de estos años convirtiendo la tele en un auténtico lodazal del que huyeron algunos de los representantes nombrados por los partidos políticos.
Ya no me atrevo ni a calificar a Negrín de mal gestor. Creo que, conscientemente, de forma deliberada, ha estrangulado el gobierno de la Televisión para quedarse solo y cumplir con el mandato, el único mandato y más exclusivo que recibió, adjudicar los servicios informativos en un proceso totalmente teledirigido desde fuera y controlado gracias a la figura del administrador único. A esa labor de favorecer la impunidad de Negrín se sumó Coalición Canaria desde el Parlamento de Canarias defendiendo, una y otra vez, su gestión e impidiendo la renovación de los órganos de Gobierno. Desde el Gobierno, verdadero director de la Televisión, colaboró hasta extremos insospechados, forzando a los Servicios Jurídicos a decir lo que el presidente quería escuchar para entregarle los argumentos a Ángel Víctor Torres, que se une y accede a maniobrar en la misma línea para garantizar la continuidad de Negrín y garantizando también su cometido.
Es así como la tele se queda sin consejeros, sin mayorías, en manos de un presidente marioneta, en manos del Gobierno y de sus intereses. Es así como se llega al concurso inicial, en el que Negrín se impone como convocante y adjudicatario a pesar de las advertencias, y es así como la maquinaria del Gobierno opera para garantizar que el concurso llegue a donde quiera que termine.
En esta alocada carrera en la ilegalidad, o bordeándola, no contaba el Gobierno, ni Negrín, con funcionarios que no estaban dispuestos a pasar por todo, que hicieron advertencias graves, que buscaron información para conocer las responsabilidades personales en las que podían incurrir... y que llevaron a la mesa de contratación a un callejón sin salida, dejando a Negrín solo con el mandato sin cumplir en sus manos. Fue así como se saca de la manga un segundo concurso, negociado y sin publicidad, con un margen de maniobra mayor, en el que no contaba con que uno de los socios preferidos para la adjudicación decayera por errores administrativos, empresarialmente imperdonables.
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Las cosas hay que contarlas como son. Nuntium TV SL, la empresa que lidera Prisa y Prensa Ibérica, con sede en Barcelona, editoras de La Provincia y La Opinión de Tenerife, fue excluida del procedimiento al incorporar información en el sobre 2, que se ciñe solo a los contenidos de la programación y cuyo análisis es subjetivo, en el sobre 3, que evalúa los criterios objetivos. En la valoración subjetiva, Liquidmedia, la empresa del independentista catalán Jaume Roures, también con sede en Barcelona, obtuvo un total de 10 puntos y Videoreport Canarias, 7. Videoreport, la empresa participada por Canarias7, iba como perdedora a la apertura del sobre 3, pero en la valoración objetiva, la que no estaba sujeta a criterios subjetivos de valoración por parte de Negrín, la que se hizo con criterios automáticos de cálculo y ante notario, obtuvo un total de 96,63 puntos, frente a los 89,87 puntos logrados por la segunda empresa licitadora Liquidmedia SLU. Las caras largas delataban el ambiente. De forma sorpresiva Negrín se vió obligado a proclamar la oferta de Videoreport Canarias como la más ventajosa, como así hizo público horas después en una nota de prensa.
Lo que ha pasado a lo largo de este fin de semana, delata de nuevo a Negrín y a quien lo sostiene en la oscuridad. Durante más de un año Negrín ha venido sosteniendo que es competente para convocar y adjudicar el concurso. Lo ha hecho en todos los frentes, el jurídico, con informes expresamente encargados al sector privado del derecho, en los procedimientos judiciales, desde el Gobierno de Canarias que lo avaló de forma absolutamente torticera y ante el Parlamento de Canarias. Poder adjudicar en solitario, sin contar con el Consejo Rector, era la clave de bóveda de su actuación y la defendió con uñas y dientes, hasta el esperpento. Negrín debió recibir nuevas instrucciones durante el puente del Primero de Mayo, porque cambia radicalmente de criterio: ahora no sabe si es o no competente, insta al juzgado a manifestarse sobre este asunto y decide alargar el proceso de firma del contrato con Videoreport, alegando que lo había advertido a las empresas litigantes, otra de las tantas mentiras vertidas en este proceso porque nadie escuchó esa aseveración en los actos de adjudicación, públicos y ante notario, como asegura hoy en este periódico la consejera del Consejo Rector, nombrada por el PSOE, María Lorenzo.
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Detrás de esta operación se esconden intereses intensos y un desprecio absoluto por los procedimientos para retorcer la realidad y no adjudicar a Videoreport. Desde fuera se aprecia una especie de conjura presidida por un aroma a omertá que parece flotar en el ambiente de una conspiración para el asesinato de alguien. Un juramento para impedir, a toda costa, que Videorport sea la empresa titular, primero evitando que fuese adjudicataria y ahora empantanando firmar el contrato. Todo ello a pesar de que el tiempo apremia a la televisión. En julio la pantalla irá a negro, y, lo que es más grave, 175 trabajadores directos y otros 250 indirectos irán directamente al paro, y mucho me temo que a acampar delante de la presidencia del Gobierno.
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