El Gobierno de Canarias impulsó en estos días una campaña de publicidad en la que confunde la lista regional con la candidatura a la Presidencia del Gobierno. «Ahora, con el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, cualquier canario podrá elegir directamente al candidato a futuro Presidente de Canarias, sin importar donde resida, a través de la Lista Autonómica», dice literalmente la cuña radiofónica difundida. Según el Gobierno, de la lista regional que prevé la reforma electoral saldrá el próximo presidente del Gobierno de Canarias. Se deduce del error intencionado que los canarios votarán al presidente del Gobierno en una lista al estilo presidencialista. Nada más lejos de la realidad legal, aunque pueda ser deseable desde el punto de vista político y una aspiración legítima.
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El próximo 26 de mayo se celebrarán las elecciones autonómicas con la aplicación del nuevo sistema electoral aprobado con el Estatuto de Autonomía. Los canarios tendremos dos papeletas para elegir 70 diputados. 61 son los que se elegirán repartidos por cada circunscripción, es decir por cada isla. En Gran Canaria y Tenerife habrá 15 candidatos; en Fuerteventura en Lanzarote y La Palma 8, en La Gomera 4 y en El Hierro 3. Habrá otra papeleta nueva con 9 candidatos por partido que son los que se eligen con la suma de los votos obtenidos por cada partido en el conjunto del Archipiélago.
Cuando los socialistas canarios diseñaron su famosa lista regional pensaron, con acierto, que de ella los canarios elegirían al presidente del Gobierno casi de forma directa, o al menos desde el punto de vista de la fuerza moral. La reforma de Estatuto, y con ella la electoral, introdujo la lista regional, pero nada reguló acerca del valor de sus electos para ocupar la presidencia del Gobierno ni ningún otro cargo dentro de la autonomía.
Los nueve diputados que salga de esa lista se sentarán en el Parlamento y serán, a todos los efectos, como el resto de los elegidos por la circunscripciones, por cada una de las islas. Los partidos propondrán a sus candidatos a la Presidencia que será elegido entre y por los diputados, de cualquier circunscripción, es decir por los 70 diputados.
Por lo tanto, tan legítimo será un presidente que haya ido en la lista regional como otro que lo haya hecho en la circunscripción. Las motivaciones democráticas, casi presidencialistas, que movieron al PSOE cuando defendió la lista regional coinciden hoy con los criterios de oportunidad política que ve Coalición Canaria en presentar como candidato a la presidencia como primer nombre de la lista regional, que con toda seguridad encabezará Fernando Clavijo.
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En la estrategia hay una doble intención. Por un lado legitimar aún más al presidente y por otra poner en apuros aquellos partidos que no tienen implantación en todas las islas, que son muchos y que no podrán traspasar los topes para entrar en el Parlamento. Pero ni en la ley, ni el espíritu de la misma, se contemple lo que, de forma oportunista y falsa, dice el Gobierno en su campaña pública. Los canarios no elegimos al presidente del Gobierno en la lista regional, ni en la lista por islas, lo eligen los diputados entre ellos mismos.
Es la dinámica presidencialista la que nos ha llevado a personificar en un candidato a la presidencia las campañas electorales, una cuestión que escapa a cualquier norma legal, pero que lo justifica la norma política al uso. Fernando Clavijo se presenta, legalmente, como el resto de los candidatos, para ser elegido como miembro del Parlamento. Será su partido el que después lo proponga y lo envista si tiene la mayoría suficiente.
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Lo que no parece de recibo es que desde el seno del mismo Gobierno se confunda a los ciudadanos haciendo propaganda de algo que no es real y que, además, contiene una carga de política propagandística considerable a favor de un candidato y en contra de los partidos que o no tienen claro en qué lista irá su cabeza a la presidencia o no tienen implantación en todas las islas para superar las barreras previstas.
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