En una reciente entrevista el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, decía que Gran Canaria se ha convertido en la isla del «no» y José Miguel Bravo de Laguna, candidato de CC al Cabildo de Gran Canaria se apropiaba del «si» para su campaña. No estamos ante un antagonismo, sino ante el sano debate público sobre las cosas que le interesan a los grancanarios, ante posiciones diversas, pero legítimas, que tienen su razón de ser en una sociedad moderna.
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El problema del sí y del no es la contaminación, la sospecha y el ruido que rodea cualquier debate que se inicie en esta isla y que lleva a la paralización de obras imprescindibles para su desarrollo y competitividad. Mover una piedra en Gran Canaria cuesta mucho, pero creo que cuesta mucho más el desgaste al que se somete a los ciudadanos, a los empresarios y a la política por la improvisación, la falta de transparencia y la diligencia de las administraciones al planificar a largo plazo.
El problema del «no» o del «si» es lo que esconden. Una multitud de intereses económico y políticos muy alejados del interés general. La falta de transparencia de las administraciones públicas a la hora de diseñar y adjudicar proyectos suscitan dudas razonables sobre los intereses que se esconden y explica la multitud de recursos que llegan a los juzgados. Exactamente lo mismo ocurre con los del «no», siempre en manos de los partidos que no han participado en el reparto de la tarta, organizaciones vecinales creadas y vinculadas a esos partidos, o asociaciones ecologistas cuyos miembros suelen ser «poli-militantes».
No tengo ninguna duda de que el debate ciudadano sobre las propuestas urbanísticas e infraestructuras siempre es bueno, pero en esta isla está excesivamente mediado por intereses económicos y políticos de un lado y de otro. Falta mucha transparencia y sobran motivos para la sospechas. Las preguntas no tienen más respuesta que los eslóganes, los mensajes descalificatorios y una batería de razones técnicas y de beneficios económicos de determinadas obras.
¿Es necesario para la economía de Gran Canaria el Macropuerto de Agaete? ¿Necesita Agaete ese puerto? ¿Están por encima de la comunicación entre islas, el tráfico de mercancías o la generación de empleo que la belleza de un lugar emblemático como el Puerto de Agaete? ¿Resiste Gran Canaria el crecimiento urbanístico al que la sometemos? ¿Resiste desde el punto de vista medioambiental? Estas son las preguntas propias del debate, pero las que fluyen de fondo en la conciencia de muchos grancanarios son otras. ¿Cómo se beneficia el partido político que lo impulsa? ¿Cuánto va para el políticos determinados? ¿Qué empresarios están detrás? ¿Cual es el valor real de la construcción y cuánto queda por el camino? ¿Quién ha perdido en el proceso de adjudicación? ¿Quién mueve los hilos de las movilizaciones para que los votos terminen en determinados cestos?
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La incertidumbre que produce el debate opaco no es buena para nadie. La necesidad de seguridad empresarial a la hora de proponer y realizar sus proyectos debe ser prioritaria para la administración y no debe terminar en los tribunales. En una isla en la que el presupuesto público arrastra gran parte de su PIB, y determinan el éxito o el fracaso de determinadas empresas, la transparencia se revela como esencial.
Esa realidad que genera la economía pública termina arrastrando al empresariado a oscuras cavernas perfectamente labradas por los partidos políticos, que, desgraciadamente, someten su supervivencia a estar o no en la administración, al manejo de fondos públicos y a la intervención desmesurada en los procesos de adjudicación. Esa situación conduce a los ciudadanos a un debate cuyo fondo nunca conocerán, además de utilizarlos como arietes de intereses escondidos. El «no» y el «sí» llevan a la sociedad grancanaria un esfuerzo y desgaste que no nos merecemos.
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No parece de recibo ni acertado que los grandes proyectos que deben dar a Gran Canaria el impulso que necesita para estabilizar su economía y el futuro pasen por este suplicio, como no lo es que la política someta a los empresarios a sus intereses; aunque, también hay que decirlo, algunos empresarios están encantados con los privilegios que les otorga la política, hasta el punto de colocarse por encima del bien y del mal.
El debate de intereses, aunque legítimo, se debe a la transparencia y a la eficacia para evitar el colapso, de la sociedad que sufre el desgaste inútil. El de los empresarios, que padecen el escarnio; y el de la administración que se vuelve torpe e incapaz de resolver el fondo del asunto, que no es otro que el interés general; y el de Gran Canaria, que corre el riesgo de estancarse en su necesario, pero equilibrado crecimiento.
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