La Comisión de Expertos para el futuro del Valle de los Caídos impulsada por el que fuera ministro de la Presidencia Ramón Jáuregui en 2011 fue plenamente consciente de la imposibilidad de resignificar ex novo el Valle de los Caídos.
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No presentó entre sus propuestas alzar un Centro Nacional de Memoria. Tampoco un Arlington, donde yacen además de militares y veteranos de guerra americanos, víctimas de ataques terroristas y los restos de presidentes como el de J.F. Kennedy y su mujer. El Valle es lo que es. Pero sí concluyó, por unanimidad, que era posible hacer una relectura democrática del Valle como memorial de víctimas, de todas, subrayo, de todas las víctimas de la Guerra Civil.
Esto implicaba que Franco, que no fue víctima, quedaba fuera de lugar. El Decreto-Ley del 24 de agosto del Gobierno de Pedro Sánchez adopta precisamente este punto de vista. Y no cabe duda de que es un paso resignificador decisivo. El Valle, pronto, dejará de ser mausoleo del dictador.
Pero no es suficiente. Exhumar a Franco y dejar el Valle tal cual no se corresponde con las recomendaciones de una Comisión, que se lo tomó en serio, y que reunió personas con gran cualificación profesional, de carácter multidisciplinar y políticamente plural. Tras la convalidación parlamentaria del decreto de exhumación es el momento de debatir y acordar, con los máximos consensos políticos y sociales, las actuaciones de resignificación democrática en el Valle de los Caídos.
El Informe de la Comisión propone básicamente tres actuaciones: la primera, un Centro de Interpretación. Se trata de explicar, no de destruir, ni de maquillar. El lugar es lo que es, con toda su fuerza simbólica. Históricamente, un monumento para perpetuar la memoria de una victoria bélica, fruto de un golpe de Estado ilegítimo contra la República. Estéticamente, un ejemplar de arquitectura fascista y nacional-católica del siglo XX. Constructivamente, un monumento construido a base de un peonaje bajo el sistema de redención de penas por el trabajo, de reclusos que lo eran por sus ideas políticas republicanas. Todo esto hay que explicarlo, con toda la didáctica posible, para que los visitantes conozcan la verdad del monumento, desde la perspectiva de las víctimas.
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La segunda actuación que proponíamos es levantar un memorial cívico con fuerza expresiva en un lugar central, en la explanada de entrada, que recuerde nombre a nombre a cada una de las víctimas allí exhumadas. Un lugar de recogimiento, silencio, respeto, memoria, donde la persona que no es católica pueda sentirlo como propio. Quienes propugnan la destrucción o el abandono han de pensar en la memoria de los restos que allí yacen, 33.847 registrados, de los cuales 12.410 no están identificados, siendo estos, en su inmensa mayoría, republicanos.
La tercera gran actuación es la dignificación de la situación de los restos. Un país no puede tener en lonjas-criptas huesos amontonados, mezclados con tierra, en columbarios rotos, con telarañas y humedades por doquier. Urge una labor de ordenamiento, limpieza y reubicación de los restos en columbarios nuevos, ¡por dignidad! con la memoria de los muertos.
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He tenido oportunidad de escuchar a hijas y nietos contar la tragedia de cómo les fueron arrebatados sus padres y sus abuelos para ser fusilados. También cómo, sólo tras muchos años y pesquisas infructuosas, han acabado por saber que fueron llevados al Valle, por supuesto sin su consentimiento. Es verdad que hay dificultades para el acceso y la identificación, pero, gracias a los avances de la investigación genética, esta tarea es cada vez más factible.
El tabú que rodea al Valle de los Caídos, que lo hace intocable, debe ceder ante la reivindicación humanista de los familiares de las víctimas. Esto es lo que los familiares de los hermanos Lapeña, con el abogado Eduardo Ranz, están consiguiendo, gracias a la sentencia firme del juez de El Escorial que obliga a Patrimonio Nacional a proceder a la exhumación.
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Hay también familiares de víctimas del lado nacional que comparten la aspiración de exhumar a sus padres y abuelos. Esta demanda va a ser creciente. Será necesario impulsar con universidades, entidades forenses y sociedades científicas una labor de investigación documental y de identificación genética para, poco a poco, rastrear los itinerarios de los restos -hay fosas vaciadas en su momento- y su ubicación actual en las criptas, y para proceder a la identificación de las víctimas que allí yacen. Esta acción también reclama desarrollar un banco de ADN, útil para la identificación de los restos aún en fosas por localizar y exhumar.
Otra cuestión es la presencia de la Iglesia católica en el lugar. La Comisión de Expertos postulaba la permanencia de una presencia de la Iglesia pero bajo la condición de que debe ser signo e instrumento de reconciliación entre los españoles, sin partidismos.
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Es preciso reconocer que la actitud de la Iglesia española ha cambiado desde 2011. Cuando el entonces ministro de la Presidencia Jáuregui quiso involucrarla en la Comisión de Expertos, ésta se negó a participar. Sin embargo, en la actualidad ha cambiado de actitud, con Osoro y con Blázquez, en línea de respetar las decisiones legítimas del Gobierno y de hacerlas respetar al Prior benedictino del Valle de los Caídos.
Tras la convalidación del Decreto-Ley, la cuestión práctica es el destino de los restos de Franco. Lo sensato es que la familia y el Gobierno lleguen a un acuerdo. Es una buena opción el cementerio de Mingorrubio en El Pardo, donde se encuentra el panteón que mandó construir y donde yace su mujer, Carmen Polo.
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Después de 40 años es hora de afrontar con ánimo reconciliatorio la resignificación democrática del Valle de los Caídos. Limpia heridas mal cerradas que aún supuran; escuece un poco en el momento, pero así acabarán bien cerradas.
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(*) Carlos García de Andoin, exsecretario de la Comisión de Expertos del Valle de los Caídos, doctor en Ciencias Políticas y teólogo.
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