No podemos estar orgullosos de lo que ha pasando en la política canaria con el reparto de los puestos en los órganos de control dependientes del Parlamento de Canarias. Los partidos políticos, CC, PSOE y PP, se han aliado en un pacto y se los han repartido de la forma más burda posible, pervirtiendo, de modo grosero, los principios democráticos y éticos que deben regir este tipo de elecciones. Conviene dejar claro que éstos órganos están concebidos para defender a los ciudadanos de las arbitrariedades de los políticos en las instituciones, para el control y la contradicción de poderes, principio básico que rige una democracia seria. Pues bien, los partidos políticos, al repartirse el control de estos poderes en cuotas solo consiguen crear un régimen partidista que burla los controles propios de la democracia.
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El contrapoder, el control de la arbitrariedad, la defensa de los derechos de los ciudadanos, es la misión fundamental del Diputado del Común, de la Audiencia de Cuentas y del Consejo Consultivo, órganos cuyos representantes deben ser elegidos por el Parlamento, en función de la representatividad. Puestos que deben gozar de la máxima independencia y estar representados por personas de absoluta solvencia, prestigio y representatividad social. El acuerdo de los tres partidos ha sido repartirse los puestos y colocar a personas de sus ámbitos políticos, militantes, enchufes, cumplir con compromisos internos de los partidos con sus propios sectores en pugna, reforzar sus posiciones de poder. Han mercadeado con los puestos de una manera inadmisible y merecen el reproche de la sociedad. Ni un solo líder político de los que han intervenido en este pacto de reparto de cargos ha pensado que en Canarias, más allá de sus partidos políticos, existen personas lo suficientemente preparadas, con curriculum, experiencia, independencia, solvencia, para ocupar esos cargos y constituirse en verdaderos fiscalizadores de la administración, como garantes de los ciudadanos, de sus problemas y de sus quejas. Nombres hay, voluntad de dejarse fiscalizar ninguna.
La crisis económica casi se lleva por delante la institución del Diputado del Común. Algunos partidos se lo estuvieron pensando y lo expresaron sin tapujos, pensando en el “gasto”. Fue un auténtico choteo a la institución, algo que en Canarias es normal. Las instituciones se insubordinan abiertamente ante los requerimientos para subsanar situaciones que los ciudadanos plantean. A esta crisis se suma la del control político, que en esta última etapa sobrepasa los límites de lo razonable. El pacto CC, PP y PSOE, al margen de ningunear al resto de las fuerzas políticas presentes en el Parlamento, han diseccionado el escaso poder e independencia del Diputado del Común, primero proponiendo a Rafael Yanes, un activo miembro del PSOE, cuyo único mérito es haber apoyado en Tenerife a Ángel Víctor Torres en las primarias y significarse al frente de un sector del PSOE que perdió la representatividad orgánica. Segundo, porque dividen el poder interno y la unidad de la institución, reservando al PP el nombramiento de los dos adjuntos y tercero y más insultante, porque se atreven a poner cuota a la Secretaría General, un puesto reservado para un funcionario, que es el encargado de velar por la legalidad de las actuaciones. No cabe mayor desprecio a la institución y al parlamentarismo.
De nada ha servido en Canarias pasar una grave crisis económica e institucional y la renovación del liderazgo político. Quienes hacen esta política son los que se presentaron a los canarios como los renovadores, cuando, con gestos como estos, quedan en muy mal lugar. Ni siquiera se puede decir que son más de lo mismo, sino pensar que pueden ser peores que los que les precedieron. Así no se hace política y ese pacto que ha desconfigurado gravemente los órganos parlamentarios, puede ser el preludio de lo que nos espera. Un PSC-PSOE y un PP disputándose el puesto de muletas de Coalición Canaria, abandonando toda posibilidad de cambios en una Canarias hastiada del régimen de ATI, amparados en un sistema electoral injusto, cuya reforma, mucho me temo, pueda sufrir, de nuevo, un revés que aplace indefinidamente la indecencia en la que nos ha instalado el peor gobierno que ha sufrido este archipiélago desde que nos constituimos como autonomía.
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