La propia historia del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, que celebra 25 años de existencia, debería llevar a la organización empresarial a una desconfianza razonable hacia quien durante años ha gobernado la región favoreciendo los intereses de Tenerife. El Círculo de Empresarios nació en 1984 como «Círculo de Empresarios de Canarias», impulsado por el siempre inquieto Ángel Ferreras que contactó con Francisco Ucelay en Tenerife convencido de la necesidad de «hacer región». Se constituyen dos sedes, una en Las Palmas y otra en Tenerife, con un presidente único que se alternaría cada dos años entre las dos provincias. El primer presidente es de Tenerife y dos años más tarde, 1986, los empresarios grancanarios son convocados a una junta en la que Tenerife plantea modificar los estatutos para fijar la sede de la organización allí y acabar con la alternancia. Gran Canaria no acepta y la organización continúa con dos secciones, pero las relaciones se deterioran rápidamente y en 1992 los empresarios grancanarios deciden constituir su propia organización. La historia de deterioro de relaciones y separación es exactamente la misma que la de otros organismos privados regionales. Es un hecho constatado que Tenerife no apuesta por la región, sino por su isla y sus intereses, como muy bien refleja la historia del Círculo de Empresarios. Por eso extraña la comprensión y tibieza con el modelo político de Coalición Canaria, cuyo eje principal es la organización en Tenerife, lo que algunos llaman «ATI», núcleo de poder que tiene como único objetivo favorecer los intereses y el desarrollo de la isla vecina, en muchos casos en contra de las otras islas. Es una realidad que ATI domina CC e impone sus reglas al resto de la organización, impidiendo, incluso, que la Presidencia del Gobierno la ostente alguien que no pertenezca a ese círculo. Es un hecho aceptado que el núcleo de poder económico y político de la organización nacionalista, ha aprovechado la influencia del Gobierno para favorecer los intereses internos, del empresariado y de las instituciones, y que, de facto, el poder institucional y político se ha centrado en esa isla en sucesivas operaciones, algunas a la vista de todos, otras con más subterfugios y las más vergonzosas pactadas con políticos de Gran Canaria, que poco o nada han podido hacer para evitar el expolio. El Círculo de Empresarios debería dedicarse a chequear, por ejemplo, la Ley de Sedes, lo que dicen que hacen y la realidad. Alguien en esa organización tendría que contar los proyectos nacionales e internacionales o las inversiones que a través del Gobierno se han desviado a los empresarios tinerfeños o a las instituciones en las que gobierna CC en esa isla. Deberían preocuparse por conocer las presiones que muchas empresas reciben desde el Gobierno de Canarias para que instalen sus sedes sociales en Tenerife y operen desde allí. De la misma manera que han obligado e incentivado, con dinero de todos los canarios, a que las bases de operaciones se centren en esa isla para toda Canarias. El círculo debería pedir al Gobierno transparencia con los datos, por ejemplo, con la recaudación del IGIC por islas, uno de los secretos mejor guardados durante años. No discuto el análisis económico del Círculo de Empresarios. Algunos de sus datos son incontestables y nos ponen en situación de reconocer que Tenerife crece más que Gran Canaria y está en mejor posición. Ahora bien, tal situación no se produce como sostiene el presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Mario Romero Mur, porque en esa isla el liberalismo económico es más marcado que en Gran Canaria, sino por todo lo contrario, porque han intervenido la economía desde el Gobierno y ha colocado a una institución de todos los canarios al servicio del crecimiento de esa isla y de sus intereses locales. Si existe en Canarias una «economía libre», esa es la de Gran Canaria que surge de la impronta y la iniciativa de sus muchos empresarios, de una sociedad cosmopolita que nace de una pujante burguesía comercial heredera de los liberales británicos. Si existe una economía intervenida, subvencionada y artificial es la de Tenerife, cuyos líderes empresariales, camuflados en un partido político, han secuestrado una administración para desviar hacia la isla los beneficios de la gestión pública que tendrían que distribuirse en toda Canarias. El crecimiento turístico, bastión de los tinerfeños en su desarrollo, fue posible también por una de las muchas artimañas del poder político que planificó el desarrollo y liberalizó el suelo, cerrando después el crecimiento a otras islas con una moratoria que pasó por muy progresista, pero que no afectó a Tenerife. Sé que decir esto en una sociedad como la grancanaria, convencida de su dimensión regional a pesar de las reiteradas traiciones de Tenerife, me acarreará algún que otro calificativo, más o menos lindo, que estoy dispuesto a soportar, pero creo, sinceramente, que los empresarios grancanarios deben poner las cosas en su sitio y no descafeinar el análisis de lo que ocurre en esta región, en lo que parece más un secuestro argumental y de la propia libertad de la patronal grancanaria. Una patronal últimamente muy condescendiente con la misma política que el Gobierno viene practicando con Gran Canaria desde hace décadas, que no dista mucho de la que su organización sufrió en su propia carne en 1983, cuando Tenerife quiso apropiarse de la estructura y el patrimonio del Círculo de Empresarios de Canarias.
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