Carlos Sixto De Inza Serrano y C. de Inza/ Arrecife
Miércoles, 15 de julio 2020, 04:01
La exalcaldesa de Yaiza y próxima candidata como número dos en las listas de Coalición Canaria (CC) y su agrupación (Lanzarote Avanza) al Parlamento de Canarias, Gladys Acuña, respondió ayer ante el anuncio de Unidos por Lanzarote (UPL) de impugnar su candidatura ante la Junta Electoral, para que sea inhabilitada, y que no pueda así concurrir a las próximas elecciones. Luchará, dijo, «con uñas y dientes para defender su derecho constitucional a ser elegida» y agotará «todas las vías legales que tiene para hacerlo».
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Gladys Acuña, que fue condenada, sin sentencia firme, por un delito de prevaricación administrativa y otro contra la ordenación del territorio, en enero de 2018 por el TSJC, por el caso de la bodega Stratvs, dijo ayer que dicha inhabilitación se restringe y afecta solamente al ámbito municipal, razón por la que dimitió como alcaldesa, tal y como ordena la doctrina del Tribunal Supremo; pero insistió en que la inhabilitación no le afecta para optar a ser elegida diputada o consejera del Cabildo.
Como ya se sabe, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en enero de 2018, pendiente de apelación ante el propio Tribunal Supremo, condenaba a la antigua regidora sureña por un delito de prevaricación administrativa a siete años de inhabilitación para ejercer cargo público, y a otros siete, por un delito contra la ordenación del territorio.
Sin embargo, dicha sentencia acota la inhabilitación exclusivamente al ámbito municipal, argumento que Acuña hace valer para justificar su derecho a presentarse a las elecciones, siempre que no sea candidata al Ayuntamiento de Yaiza, dijo Por eso recuerda que «la sentencia, aunque no sea firme, me inhabilita y restringe mi derecho a ejercer cargo público en el ámbito municipal, pero no como parlamentaria, o como candidata al Cabildo», al que pretende optar como cabeza de lista de su partido Unidos por Yaiza (UPI).
La exalcaldesa también explica que el artículo 6.2.b de la ley Electoral General es claro cuando dice que «no podrán ser elegidos: los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública -como es su caso- o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal».
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No desistirá. Así, señala Acuña, que cuando el artículo dice en su parte final «en los términos previstos en la legislación penal», se refiere al fallo del TSJC, «que sólo me inhabilita en el ámbito municipal». «Por ello, una vez que se impugne mi candidatura me defenderé, y CC defenderá su lista conmigo».
La exalcaldesa de Yaiza y próxima candidata como número dos en las listas de Coalición Canaria (CC) y su agrupación (Lanzarote Avanza) al Parlamento de Canarias, Gladys Acuña, respondió ayer ante el anuncio de Unidos por Lanzarote (UPL) de impugnar su candidatura ante la Junta Electoral, para que sea inhabilitada, y que no pueda así concurrir a las próximas elecciones. Luchará, dijo, «con uñas y dientes para defender su derecho constitucional a ser elegida» y agotará «todas las vías legales que tiene para hacerlo».
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Gladys Acuña, que fue condenada, sin sentencia firme, por un delito de prevaricación administrativa y otro contra la ordenación del territorio, en enero de 2018 por el TSJC, por el caso de la bodega Stratvs, dijo ayer que dicha inhabilitación se restringe y afecta solamente al ámbito municipal, razón por la que dimitió como alcaldesa, tal y como ordena la doctrina del Tribunal Supremo; pero insistió en que la inhabilitación no le afecta para optar a ser elegida diputada o consejera del Cabildo.
Como ya se sabe, la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en enero de 2018, pendiente de apelación ante el propio Tribunal Supremo, condenaba a la antigua regidora sureña por un delito de prevaricación administrativa a siete años de inhabilitación para ejercer cargo público, y a otros siete, por un delito contra la ordenación del territorio.
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Sin embargo, dicha sentencia acota la inhabilitación exclusivamente al ámbito municipal, argumento que Acuña hace valer para justificar su derecho a presentarse a las elecciones, siempre que no sea candidata al Ayuntamiento de Yaiza, dijo Por eso recuerda que «la sentencia, aunque no sea firme, me inhabilita y restringe mi derecho a ejercer cargo público en el ámbito municipal, pero no como parlamentaria, o como candidata al Cabildo», al que pretende optar como cabeza de lista de su partido Unidos por Yaiza (UPI).
La exalcaldesa también explica que el artículo 6.2.b de la ley Electoral General es claro cuando dice que «no podrán ser elegidos: los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública -como es su caso- o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal».
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No desistirá. Así, señala Acuña, que cuando el artículo dice en su parte final «en los términos previstos en la legislación penal», se refiere al fallo del TSJC, «que sólo me inhabilita en el ámbito municipal». «Por ello, una vez que se impugne mi candidatura me defenderé, y CC defenderá su lista conmigo».
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