Una reciente sentencia judicial, que anulaba el nombramiento del comisario principal de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, Carlos Saavedra Brichis, amenaza con destapar un supuesto fallo en el procedimiento de selección de los jefes que fija la ley policial canaria. La diputada de Podemos María Concepción Monzón Navarro registró ayer una pregunta en el Parlamento de Canarias con la que se indaga en los requisitos de acceso a la jefatura de la Policía Local que la Cámara autonómica aprobó en diciembre de 2012.
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Se refiere, en concreto, al artículo 18 de la ley policial canaria. Si antes se establecía que la jefatura superior del cuerpo debía recaer «en el miembro que ocupe el empleo superior de la plantilla del municipio», tras los cambios introducidos en el año 2012 se determinó que «la jefatura de la Policía Local será nombrada por el alcalde de entre los miembros de la escala superior de las Policías Locales en virtud del procedimiento de libre designación con convocatoria pública, de acuerdo con los principios de objetividad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libremente».
Esta exigencia es precisamente una de las bases que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de la capital grancanaria utilizó para dar la razón a los otros tres comisarios (José Luis de Los Reyes, Carmen Delia Martín y Rosa María Rodríguez), quienes denunciaron la vulneración de sus derechos cuando Saavedra Brichis fue designado como comisario principal.
Ahora la diputada de Podemos inquiere a la consejera de Seguridad, Nieves Lady Barreto, por una denuncia de la asociación de mandos intermedios de policías locales de Canarias que amenaza con desatar un conflicto institucional que podría concluir con una sanción de la Unión Europea al estado español por incumplimiento de la directiva comunitaria en lo referido a la elección de los jefes de las policías locales en Canarias. En esa denuncia se pone el acento en que los requisitos establecidos por el Parlamento de Canarias vulnera el principio de jerarquía por el que se rige el cuerpo.
«Esta estrambótica situación que contempla esta norma policial autonómica reformada no tiene parangón en ninguna ley de coordinación de policías locales de España ni de toda la Unión Europea, de modo que en absolutamente todas estas normas policiales se consagra como parámetro básico y fundamental para el nombramiento de la jefatura de cualquier cuerpo policial la jerarquía», señala la denuncia presentada ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, «esta invención normativa del legislador autonómico canario no puede tener reflejo en ningún nivel policial del país».
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Siguiendo esta línea argumental, Concepción Monzón Navarro resaltó la necesidad de que «la consejera sea consciente de que se está aplicando una ley que es nula de pleno derecho».
La intención de Podemos es que se corrija esta parte de la legislación autonómica, pero también va más allá en el sentido de revisar los procedimientos de trabajo de la propia Cámara, en el sentido de evitar la aprobación de normas contrarias a derecho y que crean inseguridad jurídica.
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