Un informe del Órgano de Gestión Presupuestaria del Ayuntamiento pone de manifiesto que el nuevo IBI social, cuya ordenanza se aprobó de modo inicial este jueves, nace con un 53% menos de lo previsto a principios de año. Las ayudas para colaborar en los gastos de la vivienda habitual tenían presupuestado 1,7 millones de euros, pero «este importe se disminuyó en 902.361,25 euros en virtud de expediente de modificación de créditos aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad, mediante acuerdo de fecha de 6 de abril de 2017», señala el informe. Y puntualiza que, en consecuencia, «en la actualidad el importe previsto para las ayudas a conceder durante 2017 en aplicación de la ordenanza objeto del presente es de 797.638,75 euros».
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De momento, el grupo de gobierno no ha querido hacer una previsión del número de beneficiarios de las nuevas subvenciones, sobre todo después que en la primera convocatoria de ayudas se calculara que iba a llegar a 26.000 familias y sólo se quedó en 5.165. Esto también tuvo consecuencias a nivel presupuestario ya que de los 1,7 millones de euros con que se dotó la partida en 2016, solo se emplearon 384.063 euros y, al final, del dinero sobrante se utilizó 1,2 millones de euros en pagar conciertos como el de Ricky Martin y otras fiestas y celebraciones, algo totalmente alejado del carácter social de la partida.
El nuevo IBI social amplía las posibilidades de ser beneficiario de las ayudas. Así, como novedades, se incluyen las casas con valores catastrales hasta los 60.000 euros -el año pasado era hasta 30.000 euros- y se posibilita que los perceptores de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y del servicio de ayuda a domicilio también puedan acogerse a las subvenciones. Como norma excepcional, se permite también incluir las viviendas con valor catastral de hasta 80.000 euros cuando sus titulares reciban la PCI o las ayudas de emergencia municipales, no así los del servicio de ayuda a domicilio como publicó este periódico por error.
Al respecto de esta excepción, los técnicos de Servicios Generales y Comunitarios del Ayuntamiento aconsejaron la eliminación del límite máximo del valor catastral para los solicitantes que se encuentran en esta situación. «Se considera que si esta base hace referencia a los perceptores de prestaciones económicas no se debe poner límite al valor catastral de la vivienda», recoge la petición no atendida, «se propone especificar que no se establecerá límite máximo de valor catastral para las viviendas de estos solicitantes».
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