La letrada de la Administración de Justicia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 ha dado al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria un «plazo improrrogable de diez días» para que complete el expediente administrativo de la MetroGuagua en los términos solicitados por la asociación de vecinos Defensa de Ciudad Jardín.
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Los vecinos que mantienen abierta la batalla judicial contra la MetroGuagua se quejaron ante el juzgado de que la falta de unos determinados documentos erosiona su derecho a formalizar una demanda contencioso-administrativa contra este proyecto de movilidad.
Por eso, en la misma diligencia, la secretaria judicial no solo informa de la devolución del expediente remitido por el tripartito, sino también de la suspensión del plazo para que los vecinos formalicen la demanda.
Los documentos que no se han aportado al litigo son, en opinión de la asociación de vecinos, la evaluación ambiental -aunque el Ayuntamiento asegura que no lo necesita-, el dictamen de Costas para ganar terreno al mar -algo que está en trámites en estos momentos-, los acuerdos municipales de revisión del Plan General de Ordenación para dar cabida a la MetroGuagua, la resolución municipal por la que se somete a exposición pública el expediente de la guagua exprés, la resolución que determina la incoación del expediente del nuevo modo de transporte y, por último, la aprobación definitiva del proyecto.
Los vecinos siempre han defendido que la información ofrecida por el Ayuntamiento está «incompleta» y que estos informes «resultan determinantes para poder acreditar el fraude de ley» que ellos entienden que se está produciendo con la MetroGuagua.
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El presidente de la asociación de vecinos Defensa de Ciudad Jardín, Mario Hernández Sanginés, insiste en reclamar la paralización inmediata de las obras, respetando lo que ya está hecho. «Sería aberrante destruir lo que ya hay», indicó el representante vecinal, «aunque no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho en Mesa y López».
Esta obra fue calificada como «un disparate» por parte de Ángel López, otro de los integrantes de la plataforma contra este modelo de transporte. Para él, resulta incomprensible que la obra haya comenzado sin los permisos de Costas ya que son necesarios para desplazar la GC-1.
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