Cuatro personas forzaron y robaron este jueves una de las cinco casas que fueron desalojadas en la Ladera de Cuyás como consecuencia del derrumbe de una parte de la ladera de Paseo de Chil, que se produjo el pasado 11 de abril.
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«Tiraron toda la ropa y algunos muebles, el salón lo pusieron patas arriba, dejaron toda la vivienda destrozada», explica el propietario de la casa asaltada, Aridane Hernández, «cuando vi cómo la dejaron, me quedé en estado de shock».
Este vecino explica que la Policía Nacional detuvo a dos de los cuatro ladrones, que eran menores de edad. «A los que cogieron los pillaron con tres bolsas llenas, pero no sé que pudieron llevarse los otros dos», explica Hernández, que accedió a la vivienda cuando los agentes de la Policía todavía mantenían retenidos a dos de los supuestos ladrones.
Las viviendas desalojadas están rodeadas por una valla desde que se produjo el derrumbe de la ladera de Paseo de Chil y solo puede acceder a ellas a través de una línea de vida, un amarre enganchado a la fachada de las casas a los que se enganchan las personas con un arnés para evitar caídas.
Sin embargo, el asalto a la vivienda se produjo por la parte trasera, desde la zona de San Antonio. «Entraron por la azotea y forzaron una puerta que tenía una reja de hierro, con cadena y candado», prosiguió, «cuando me presenté allí porque me llamó la Policía me dijeron que habían cogido a dos porque un vecino de San Antonio les había llamado por la presencia de varios okupas».
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Críticas al Ayuntamiento
Los vecinos lamentan que el asalto a una vivienda, y el forzamiento de la puerta de otra, se haya producido por la falta de vigilancia. «El pasado sábado retiraron toda la presencia policial, por eso pudieron meterse a robar», denuncia Aridane Hernández, quien recuerda que cuando sucedieron los hechos les dijeron que iba a haber «una presencia constante, con coches, policías con perros y vigilancia con el dron».
También lamenta la escasa presencia policial otro de los desalojados, Ronán Martel, quien criticó que el hecho de que no les dejen acceder a sus viviendas les impide saber si sus casas han sido objeto de vandalismo.
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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decidió ayer reforzar la presencia policial con diferentes patrullas para evitar nuevos saqueos, si bien se especificó que aunque hay un paso constante de policías, su vigilancia no es permanente.
El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, fue el único que ayer tomó la palabra sobre este asunto. «Quizás el robo se produjo en un cambio de turno, no sabemos muy bien», detalló, «pero hemos estado coordinándonos con el alcalde, Augusto Hidalgo, y es probable que la semana que viene puedan entrar en sus casas para coger sus pertenencias».
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El edil garantizó que el Ayuntamiento va a seguir pagando los gastos de manutención, alojamiento y lavandería, además de gestionarles ayudas de emergencia, pero entiende que las reivindicaciones deberían dirigirse a los dueños de los terrenos. Hay que recordar que la Inmobiliaria Altamira pidió la expropiación de esta ladera, que en el Plan General aparece con uso dotacional.
Doreste aseguró que ha respondido todos los correos que le han enviado los vecinos, algo que estos niegan. «Nos sentimos abandonados y engañados por Doreste, por Jacinto Ortega (concejal de Cohesión Social) y por Augusto Hidalgo», indicó Aridane Hernández, «vinieron al principio para hacerse la foto y por la pantomima».
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Sí agradecen la ayuda que les permite estar en el hotel, aunque se les está haciendo largo y empiezan a desesperarse. «Nos dijeron que tardarían tres o cuatro meses, pero va muy despacio, va para largo», añadió Hernández.
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