Pedro Quevedo, concejal de gobierno del área de Empleo, Turismo, Movilidad, Promoción Económica y Ciudad de Mar, expuso este miércoles que en la decisión judicial que tumbó el recurso del Ayuntamiento capitalino a la anulación del nombramiento de Heriberto Dávila como director general de Movilidad «no se ha cuestiona el nombramiento, se cuestionan las bases con un criterio que no podemos compartir».
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Apuntó que Dávila «ha demostrado absolutamente su solvencia» en Movilidad y «buscaremos la manera de que continúe vinculado a esa área, en calidad de asesor», lo que «introducirá algunas modificaciones».
Quevedo recordó que la denuncia fue interpuesta por Juan José Cardona, que «acaba de llegar al Puerto y ha hecho lo mismo que hacía antes en el Ayuntamiento, que es coger a las personas a dedo. Y el caso de su jefa de prensa es evidente, público y notorio, y lo han denunciado los sindicatos».
Añadió que él mismo tuvo «que sufrir», en la etapa de alcalde del actual presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, «nominaciones de directivos con presentaciones de ternas claramente amañadas o cómo se nombraban a familiares en puestos de responsabilidad».
Por su parte, el portavoz del PP en el Consistorio, Ángel Sabroso, indicó que «ésta sentencia no sorprende a nadie, ni siquiera al propio tripartito, que lo único que hizo recurriéndola era ganar tiempo para retrasar el obligado cese». Dijo que «es la consecuencia de hacer las cosas mal», como con la Dirección de Seguridad, «porque esos concursos fueron dos trajes a medida pero hechos por malos sastres».
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Apuntó que «si esos nombramientos fueron una tomadura de pelo», pues la «ciudad conocía los nombres de sus elegidos antes de la convocatoria, lo que es bochornoso es que cuando la justicia anula sus nombramientos», el tripartito «los nombre asesores».
Beatriz Correas, portavoz de Cs, indicó que «la justicia vuelve a destituir a un cargo nombrado por Hidalgo, que sabía perfectamente que se estaba incumpliendo la ley porque Dávila no es funcionario de carrera y no tiene ni la cualificación ni la experiencia necesaria», y que «el hecho de colocar como asesores a los que la justicia quita de directores es una tomadura de pelo».
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Ángeles Batista, de UxGC, destacó que «el nombramiento de Dávila» era «nulo desde el principio al no priorizar al personal funcionario de alto nivel».
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