Domingo González Arroyo denunció ayer que su expulsión como consejero del pleno del Cabildo de Fuerteventura se basó en «un informe jurídico amañado» y que dicho informe se caracterizaría, además, por «una falsedad total y absoluta», si bien el veterano y polémico político majorero no quiso entrar en esta ocasión a responsabilizar de ello directamente ni a técnicos ni a autoridades políticas concretos en la institución.
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Hay que recordar que el pleno del Cabildo del 7 de marzo de 2016 declaró la incompatibilidad de Arroyo para el cargo de consejero insular. Antes de eso, una sentencia de lo penal le había inhabilitado nueve años para el cargo de concejal en el Ayuntamiento de La Oliva por el caso de la cantera de Lomo del Pájaro. Sin embargo, «un informe de la Secretaría [del Cabildo], que no sé si lo sacaron por arte de magia, dice que la sentencia era ampliable al Cabildo. Pero la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) me ha dado la razón y me dice que me reincorpore y que anulen el pleno», explicó Arroyo, quien también ha solicitado «la indemnización por todos los daños y perjuicios» que, en virtud del acuerdo plenario, se le hayan ocasionado.
Arroyo se manifestaba así este pasado jueves, después de dar registro de entrada en el Cabildo a un escrito en el que solicita el cumplimiento de la sentencia judicial que le da la razón y, por tanto, su reincorporación inmediata al pleno insular. Y es que dicha sentencia del TSJC aclara que la inhabilitación se puede aplicar a la administración local, pero no a la insular; de ahí que el TSJC declarara «nulo de pleno derecho» el citado pleno que hacía efectiva la incompatibilidad de Arroyo. En aquel pleno, Arroyo fue destituido como consejero del Cabildo con el apoyo unánime de todos los representantes políticos del mismo; además, justo antes de ese pleno, se celebró una junta general del Parque Tecnológico de Fuerteventura en la que a Arroyo se le destituyó también como vicepresidente de la entidad en una votación que, igualmente, contó con unanimidad.
Pese a que la justicia finalmente diera la razón a Arroyo, el pleno insular actuó en base a una consulta realizada a la Junta Electoral Central y, además, en primera instancia, los tribunales avalaron la posición del Cabildo. Sea como sea, y una vez culminado el procedimiento judicial, en próximos días Arroyo podría recuperar su acta en el Cabildo, que, durante su cese, ha estado en manos de Lidia Esther Jaime. Aunque apenas quedan tres meses de legislatura, Arroyo se muestra ilusionado y con ganas de volver a la actividad política; pero es que, además, anuncia que será candidato de su partido, el PPMajo, tanto al Cabildo de Fuerteventura el próximo 26 de mayo como al Senado el próximo 28 de abril. Así que, salvo sorpresas judiciales en próximas semanas, queda Arroyo para rato.
El Cabildo guarda silencio
Aunque es vox populi que Domingo González Arroyo debe recuperar su acta de consejero, tal y como le reconocen los tribunales, desde la institución insular se guarda silencio y, de momento, se desconoce la fecha para que El Marqués vuelva a sentarse en la bancada cabildicia.
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