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Los partidos buscan puntos de acuerdo sobre la ley del suelo

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Almudena Sánchez / Santa Cruz de Tenerife

A poco más de dos semanas para que los partidos con escaño presenten las enmiendas al Proyecto de Ley del Suelo, se van flexibilizando las líneas rojas. Esto empieza a ser patente en la delimitación de los usos complementarios del suelo rústico y en los proyectos estratégicos de interés insular.
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Dos son los aspectos contenidos en el Proyecto de Ley del Suelo que mayor facilidad ofrecen a día de hoy para que los grupos parlamentarios logren sacar el texto con un acuerdo amplio: los usos complementarios del suelo rústico y los proyectos estratégicos de interés insular y autonómico.

En el Partido Socialista Canario (PSC), Partido Popular (PP) y Nueva Canarias (NC) trabajan para «acotar», o «definir» los servicios o actividades vinculadas a la actividad agropecuaria que contempla el proyecto de ley y otros con menor vinculación: desarrollos cinegéticos, energéticos, turísticos, artesanales, culturales, educativos y «restauración con productos obtenidos en la explotación (...) y cualquier otro uso y actividad».

En Coalición Canaria (CC) también están «dándole la vuelta» pero, en particular, los socialistas aspiran a «definir mucho más» el carácter complementario de dichos usos e incluso, proponen suprimir algunos que, en su opinión, resulta más difícil de justificar la relación con el suelo rústico.

Los conservadores son más remisos a tocar el proyecto legislativo pero «apoyaremos todo lo que se limite a clarificar». NC hará énfasis en los usos turísticos «para evitar que se permitan construcciones nuevas» en el suelo rústico.

En cuanto a los proyectos estratégicos de interés insular y autonómico, instrumentos de ordenación que «desplazan las determinaciones de los planes» y «evitan la rigidez» de los mismos, según reza el proyecto de ley, en el PP y PSC están por reforzar su carácter de «excepcional».

NC defiende su supresión pero, «en aras del consenso» podría avenirse a que, al menos, la Administración autonómica se encargara de su evaluación medioambiental. En concreto, el PP quiere evitar que este tipo de proyectos «no se conviertan en una especie de planes generales supletorios».

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